El Defensor del Pueblo Andaluz valora postivamente la decisión del Gobierno de permitir a los inmigrantes irregulares recuperar el derecho a la asistencia sanitaria de atención primaria. Se trata de una medida que ayudará a restaurar en parte la universalidad del sistema de atención sanitaria que se quebró en 2012. No obstante, considera dicha medida insuficiente y estima necesario aclarar las dudas que suscita sobre la atención especializada, las pruebas diagnósticas o la dispensación y pago de medicamentos.
Las personas inmigrantes en situación irregular se vieron afectadas por el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
A partir del mismo, las personas extranjeras que no podían acreditar una autorización para residir en territorio español quedaban excluidas del sistema, manteniendo un campo reducido de derechos, que se limitaba a la asistencia sanitaria de urgencia por enfermedad grave o accidente; la atención al embarazo, parto y postparto, así como a los menores de dieciocho años.
Esta medida ha sido fuertemente discutida desde muchos ámbitos, y ha tenido una aplicación desigual en el territorio del Estado, pues algunas Comunidades Autónomas, entre ellas la andaluza, se rebelaron contra la misma y mantuvieron distintos mecanismos para posibilitar la asistencia sanitaria de este colectivo.
Sin embargo en otras regiones, incluso la atención de urgencia se ha visto obstaculizada con prácticas disuasorias, como la exigencia de un compromiso de pago con carácter previo a su dispensación, o la falta de continuidad del proceso asistencial tras el alta hospitalaria.
En esta tesitura el Gobierno de la nación ha anunciado que los denominados “sin papeles” podrán recibir asistencia sanitaria en el nivel de la atención primaria, vinculando esta decisión a razones de salud pública y evitación del colapso de los servicios de urgencia.
Desde esta Institución tenemos que congratularnos necesariamente con esta medida, pues siempre fuimos críticos con la quiebra de la universalidad del sistema, y reivindicamos para las personas inmigrantes en situación irregular una asistencia sanitaria completa.
No por positiva sin embargo deja de ser insuficiente, pues aunque se facilite el acceso al primer nivel asistencial, cabe cuestionarse qué ocurrirá en los casos en los que este último no tenga capacidad para resolver los concretos problemas de salud de los afectados, y su situación exija la derivación a otros recursos especializados más complejos.
Por el momento habrá que estar atentos a la forma en que se concrete su desarrollo, que aún plantea varios interrogantes, pero sin duda hay que saludar esta iniciativa para devolver la homogeneidad en la asistencia sanitaria de los miembros de este colectivo, y evitarles muchos de los perjuicios que en la actualidad vienen padeciendo en este ámbito.
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