El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha advertido hoy de las amenazas que conlleva el impacto de la COVID-19 en la efectividad de los Derechos Humanos en Andalucía.
En una conferencia en el Colegio de Abogados de Sevilla, el Defensor del Pueblo andaluz ha recordado que ya desde antes de marzo de 2020 la Institución venía denunciando la precariedad del mercado de trabajo; una creciente desigualdad y exclusión social, y la amenaza de la pérdida de derechos de una manera casi irreversible, por lo que reclamaba no solo una mayor financiación e inversión en políticas sociales y, sobre todo, una mejor gestión de los recursos por parte de las administraciones públicas.
"A todas luces, resulta evidente que la COVID ha supuesto un nuevo ataque a la vulnerabilidad de estos colectivos que no habían comenzado a recuperarse y una nueva amenaza a aquellos que estaban comenzando a estabilizarse", ha enfatizado Jesús Maeztu.
Para convivir con esta crisis, el Defensor del Pueblo andaluz ha resumido en cuatro las lecciones que debemos extraer en estos momentos. La primera sería la necesidad de un reforzamiento de los servicios públicos con mayor atención a los servicios sanitarios, especialmente en saldu mental, y a los servicios sociales.
El segundo reto sería la oportunidad de promover y consolidar una economía de cuidados, que cuide a los más desprotegidos, entre ellos, las personas mayores, la infancia y la adolescencia.
Un tercer desafío sería la mejora y eficiencia de los servicios de información y atención ciudadana, ante la necesidad de rehumanizar los servicios de información y atención ciudadana por parte de las administraciones públicas. Ello incluye la brecha digital como un ejemplo de esa imposibilidad de acceso a los servicios públicos, que amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social.
En cuarto lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que supone una tarea inaplazable contar con el diseño de un sistema de acogida y acompañamiento para colectivos de especial vulnerabilidad que, entre otros, ofrezca respuesta a personas necesitadas de unos ingresos mínimos, o de una ayuda al alquiler para evitar un desahucio; las personas dependientes o con discapacidad; los menores extranjeros y los jóvenes ex tutelados; las personas que padecen una enfermedad mental, o los sistemas de empleo.
Para el Defensor del Pueblo andaluz, estas líneas de acción nos acercará al objetivo de conseguir la igualdad real, en una sociedad justa, igualitaria y cohesionada. "Lo que no se nos debe olvidar es que la crisis social seguirá presente, como lo estuvo tras la crisis de 2008, y que nadie puede quedarse atrás", ha señalado Jesús Maeztu.
Por último, el Defensor del Pueblo andaluz ha instado a los abogados presentes a asumir la corresponsabilidad en el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos como un deber y se ha referido a la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas, una suerte de reverso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la que han estado trabajando expertos de todo el mundo, alentados por la Fundación Saramago e inspirados en un discurso del escritor con motivo del Premio Nobel logrado en 1998.
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