PROYECTO DE LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ANDALUCÍA.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha intervenido este lunes, 27 de marzo, en la Comsión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento de Andalucía, en relación a la tramitación del Proyecto de Ley de Participación Ciudadana en Andalucía. En la misma, ha referido como conclusiones:
- El Proyecto de Ley supone un avance innegable en la profundización democrática al incorporar instrumentos de participación ciudadana propios de la democracia participativa.
- Representa una oportunidad inmejorable para ir introduciendo, en la práctica cotidiana de administraciones y ciudadanía, unas fórmulas participativas que no solo resultan novedosas para la mayoría, sino que además suponen la ruptura con una cultura basada tradicionalmente en el abstencionismo de la ciudadanía y en el paternalismo de la Administración.
- No obstante, estimamos que el Proyecto presenta algunos márgenes que permitirían ahondar en la incorporación real de la ciudadanía a los procesos decisorios, potenciando así un régimen de responsabilidad compartida entre ésta y los poderes públicos.
- Asimismo, entendemos aconsejable no demorar la regulación del tercer pilar que sustenta el modelo de Gobierno Abierto, que afecta a la rendición de cuentas, ni el desarrollo reglamentario que requiere el Proyecto de Ley al objeto de que su efectividad resulte garantizada.
- Finalmente, creemos necesario ahondar desde ya en el desarrollo de políticas de fomento de la participación, de formación de la ciudadanía para la utilización adecuada y responsable de los instrumentos participativos, y de sensibilización de los poderes y empleados públicos para la asunción de nuevos principios de actuación que resulten más acordes con este nuevo modelo de administración.
La sociedad de hoy exige opinar, expresar y participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos. un modelo de gobierno más transparente, más participativo y que rinda cuentas a partir de la evaluación conjunta de las políticas públicas.
La reforma de nuestro Estatuto de Autonomía ha servido de impulso para este cambio de modelo con el reconocimiento del derecho a la Buena Administración, la fijación de la transparencia como principio de actuación de la Administración Pública y las reiteradas referencias que se hacen en el texto a la participación ciudadana, entre otras.
Como dPA es una asunto que siempre ha formado parte de nuestra actividad, de ahí el Informe Especial “Normativa sobre Participación Ciudadana en las Diputaciones Provinciales y en los Grandes Municipios de Andalucía” de 2009,
El mismo, aunque centrado específicamente en el ámbito local, nos llevó, entre otras cuestiones, a sugerir la mejora de la regulación de la participación ciudadana en la normativa autonómica; a reivindicar el indudable protagonismo que en todo este proceso han de tener las nuevas tecnologías; y a demandar ayudas e iniciativas de apoyo a colectivos y entidades que adquieren un marcado protagonismo en los procesos participativos.
1 Comentarios
Por desgracia, parece que la voluntad de los representantes públicos dista mucho de aplicar la normativa existente. Así por ejemplo, las entidades locales estan teóricamente afectadas por el Convenio de Aarhus en lo referente a gestión medioambiental y específicamente a la gestión del Agua, y sin embargo limitan cuando no eluden la participación directa en la toma de decisiones a los usuarios. Les niegan la participación y la información de la gestión no es transparente, muchas veces amparándose en normativa mercantil.
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