El Defensor del Pueblo Andaluz considera que la reforma del denominado"Código de Buenas Prácticas", operada a través del Real Decreto Ley 1/2015, es positiva por decretar la inaplicación definitiva de las cláusulas suelo incluidas en los contratos hipotecarios como una de las medidas de las que se podrán beneficiar las personas incluidas en el ámbito de aplicación de este Código. No obstante, considera totalmente insuficiente dicha decisión, ya que la mayoría de las personas consumidoras no reunen los requisitos necesarios para ser incluidos dentro del "Código de Buenas Prácticas", por lo que seguirán teniendo que soportar las cláusulas suelo incorporadas a sus contratos hipotecarios.
Esta Institución viene pidiendo de forma reiterada la eliminación de todas las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios, por entender que tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2013 no tiene sentido mantener la vigencia de unas cláusulas que en su inmensa mayoría no superan los requisitos de trasparencia que exige el Alto Tribunal. La negativa de las entidades financieras a aceptar su eliminación voluntaria y la inexistencia de una norma que les obligue a ello ha llevado a muchas personas a tener que acudir a los Tribunales de Justicia, provocando con ello un auténtico colapso en los Juzgados de lo Mercantil y forzando a estas personas a asumir los elevados costes y soportar los prolongados retrasos que se derivan de estos procesos judiciales.
El Real Decreto Ley 1/2015 ha sido una oportunidad perdida para la adopción de una medida, como es la eliminación de TODAS las cláusulas suelo, que estimamos necesaria por razones de justicia social hacia la ciudadanía y hacia las personas consumidoras.
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