El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha mantenido una reunión de trabajo con la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifran Carazo. Durante la reunión celebrada este martes en la sede de la Consejería, el Defensor del Pueblo andaluz ha informado de los principales motivos de quejas de la ciudadanía en estas disciplinas. Jesús Maeztu ha comentado la necesidad de vivienda de muchas familias andaluzas que no tienen recursos suficientes para poder satisfacerla en el mercado libre y la correlativa carencia de viviendas públicas para poder satisfacer esta demanda.
El Defensor ha puesto de manifiesto los casos de pérdida de la vivienda por desahucio por no poder hacer frente al alquiler de viviendas libres y por ocupaciones sin título, ya sea de viviendas públicas como de viviendas privadas propiedad de entidades financieras; también la demora en la gestión de las ayudas al alquiler de vivienda para personas con ingresos limitados, especialmente en Sevilla y Málaga y, la situación de muchos Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, que están desactualizados o no existen todavía.
De todos estos asuntos, el Defensor ha efectuado diferentes resoluciones con recomendaciones y sugerencias para atender la demanda de la ciudadanía y ha vuelto a pedir más agilidad en la gestión y resolución de las ayudas al alquiler.
Asimismo, sobre la gestión del parque público de vivienda de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz ha informado de alguna de las cuestiones que le traslada la ciudadanía, como las quejas por viviendas vacías o en estado de deterioro, además de los impagos de las cuotas de comunidad que impide hacer frente al mantenimiento de las zonas comunes de los edificios, y de los casos de conflictividad vecinal.
En materia de urbanismo, el Defensor del Pueblo Andaluz ha trasladado su preocupación por la incidencia que pueda tener la aplicación del Decreto-Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares para lo que ha pedido un mayor esfuerzo divulgativo y de apoyo a los municipios en la actuación planificadora y un mayor impulso de las inspecciones para la detección de infracciones en suelo no urbanizable para evitar el efecto llamada.
En cuanto a las quejas relacionadas con tráfico y transporte, el Defensor del Pueblo Andaluz trasladó a la Consejería su preocupación por las concesiones de servicios regulares de transportes públicos de viajeros por carreteras que aún no están renovadas y ha recordado la necesidad de que los nuevos vehículos estén adaptados a las personas con movilidad reducida, además de un aumento de frecuencia de los servicios que se presten.
En materia de obras públicas la mayoría de las quejas hacen referencia a las deficiencias en el mantenimiento y conservación de infraestructuras y carreteras, el deficiente mantenimiento de los arcenes, así como el deterioro de la señalización vial horizontal y vertical de carreteras autonómicas y provinciales, todo lo cual tiene incidencia en la seguridad vial.
Durante 2019, se han gestionado 324 quejas ciudadanas en materia de urbanismo, vivienda, tráfico y transportes, tramitadas en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y afectantes a competencias específicas de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, ha mostrado su máxima colaboración para atender estas demandas y ha mostrado su interés en contar con la experiencia y el trabajo realizado por la Oficina del Defensor en estas materias para poder responder a las necesidades de la ciudadanía.
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