El Defensor del Pueblo Andaluz se suma a la campaña -Refugio por derecho- en apoyo a las personas refugiadas

El Defensor del Pueblo junto a representantes de Asamblea Cooperación por la Paz; UGT, la Coordinadora Andaluza de ONG de Desarrollo (CAONGD); CCOO, Comite Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Facua.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy una reunión con representantes de las organizaciones sindicales CCOO y UGT y del Tercer Sector en la que se adherido a la campaña 'Refugio por derecho' en apoyo de las personas víctimas de la guerra en Siria. El Defensor del Pueblo andaluz ha destacado la confluencia de la sociedad civil en defensa de la vida de estas personas, “una causa de mínimos, en la que no hay color ideológico, sino la causa de esta gente que está muriendo” en su intento por alcanzar Europa. “El Mediterráneo se ha comido ya más de 3.500 personas, y la madre con tres hijos prefiere ahogarse a tener que volver”, ha lamentado Jesús Maeztu. El Defensor del Pueblo ha resaltado que esta convocatoria es “de decencia, de naturaleza humana”, y ha reclamado que este asunto “se visualice y no se olvide, y esté en la agenda política, por que es lo mínimo que merecen estas personas”. “Nos estamos acostumbrando a que Europa cierre fronteras; que el derecho de asilo, que era una legislación pacífica, se ponga en cuestión, y a que estos niños se queden solos. Esto es una llamada de atención para que se dignifique la vida de estas personas”, ha afirmado Jesús Maeztu. El próximo lunes 20 de junio se celebra el día del refugiado. El manifiesto señala que las políticas europeas de migración y asilo, lejos de dar una respuesta solidaria, basada en el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, han puesto en grave riesgo las vidas de miles de personas, muchas de ellas mujeres y niños, convirtiendo el mar Mediterráneo en la mayor fosa común en el mundo donde han muerto más de 25.000 personas en los últimos 15 años. Añade que el pasado 18 de marzo, los líderes europeos firmaron una declaración con Turquía que, además de ser vergonzosa e ilegal, pone en un mayor riesgo a estas personas justificando su devolución a un país como Turquía que ha demostrado que no garantiza los derechos humanos y la adecuada protección que merecen. Por ello reclama a la Unión Europea y a sus Estados miembros, así como al Gobierno español, que cumplan con la legalidad, retiren el acuerdo con Turquía, y agilicen la acogida de las personas refugiadas.