· El Defensor citará a la administración que no colabore a comparecer en la Institución a partir del trámite de Advertencia
·Esta medida contribuye a consolidar otros derechos como la buena gobernanza, la transparencia, la participación, o el acceso a una información clara
El Defensor del Pueblo andaluz ha puesto en marcha una nueva medida en su proceso de tramitación de quejas para mejorar la colaboración con las Administraciones públicas en su deber de atender y responder las reclamaciones de la ciudadanía.
Se trata de un nuevo procedimiento en la Institución que persigue la necesaria colaboración de las Administraciones Públicas con esta Defensoría, con el fin de evitar declaraciones de actitud entorpecedora o la remisión de expedientes a Fiscalía por parte de este organismo supervisor. A juicio del Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, “es inadmisible la no respuesta por parte de algunas administraciones. La falta de atención de los poderes públicos, al no contestarnos, o respondernos tarde, dificulta que podamos atender a las personas que acuden a nuestra Institución, lo que constituye una clara vulneración de sus derechos”.
La principal valoración es el normal desarrollo, en la mayoría de los casos, de los cauces de colaboración. En una media de los últimos años, en un 75% de los expedientes las Administraciones Públicas respondieron a las peticiones de informe del Defensor del Pueblo andaluz en la primera petición o al primer reitero. En concreto, en 2020, de 5.088 peticiones de informe, solo hubo que recurrir a un segundo reitero en 1.328 casos (26,1%) y en 61 (solo el 1,2%) ocasiones ha sido necesario dirigir escritos de Advertencia ante la persistencia en no enviar la información. En total, en 1.389 casos, el 26%, el retraso de las administraciones públicas en el cumplimiento de sus deberes de informar, retrasa o impide poder actuar ante el problema que nos hace llegar la ciudadanía.
El Defensor andaluz considera que los retrasos e incumplimientos de algunas administraciones ante los reiteros y petición de informes de la Institución suponen una vulneración del derecho de auxilio al Defensor para su labor de garante de derechos. Con esta nueva medida se quiere corregir esta falta de respuesta de las administraciones a la ciudadanía y evitar que cualquier autoridad o funcionariado obstaculice la investigación del Defensor.
De esta manera, se convocará una citación personal para comparecer en la Institución a partir del trámite de advertencia. Para el Defensor del Pueblo andaluz esta medida de persuasión supone una mejora del servicio que presta la Institución para la atención y protección de los derechos de la ciudadanía, además de favorecer y contribuir a la consolidación de derechos como la Buena gobernanza, la Transparencia, la participación, o el acceso a la información clara, entre otros.
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