El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, y el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, han mantenido hoy la primera de las sesiones de trabajo acordadas para la coordinación y el seguimiento de los asuntos competencia de ambas instituciones, con el fin de avanzar en mecanismos de colaboración y coordinación, así como para el intercambio de información.
Estas reuniones periódicas, tres al año, fueron acordadas el pasado noviembre entre Jesús Maeztu y Juan Marín con el objetivo de mantener líneas de colaboración que deriven en una correcta labor de supervisión en defensa de los derechos de la ciudadanía.
El Defensor del Pueblo andaluz ha informado al vicepresidente de la Junta del balance y principales conclusiones del Informe Anual 2020 de la Institución, presentado en el Parlamento de Andalucía la pasada semana, y en el que se recogen 30.000 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía ejecutadas por la Defensoría. Fueron más de 35.000 personas las que requirieron el pasado año la intervención de este comisionado parlamentario.
Entre otros asuntos a tratar, el Defensor del Pueblo andaluz ha trasladado al vicepresidente andaluz los trabajos que viene realizando para garantizar el derecho a unos suministros básicos en Andalucía. La Defensoría está interviniendo ante las distintas partes implicadas para afrontar el problema social de los cortes de luz en distintos barrios andaluces. Maeztu ha propuesto a las distintas administraciones y a la compañía suministradora, Endesa, una serie de medidas que puedan servir como guía y referente para enfrentar este problema que afecta a miles de familias, entre ellas, la inmediata puesta en marcha de un Plan de choque que ofrezca resultados en poco tiempo.
Asimismo, Jesús Maeztu ha informado al vicepresidente de la Junta de Andalucía de la aprobación de un nuevo procedimiento en la Institución que persigue la necesaria colaboración de las Administraciones Públicas con esta Defensoría, con el fin de evitar declaraciones de actitud entorpecedora o la remisión de expedientes a Fiscalía por parte de este organismo supervisor. Maeztu también ha expuesto la oportunidad de una coordinación con la Consejería de Justicia en los procesos de mediación que está desarrollando la Institución, un procedimiento para la resolución de conflictos pionero en el conjunto de la Defensorías.
En estos despachos entre el Defensor del Pueblo andaluz y su interlocutor directo en la Junta de Andalucía se abordan asimismo posibles anomalías en el funcionamiento de organismos públicos, desde el análisis de quejas o consultas recibidas por el Defensor del Pueblo andaluz; cuestiones de carácter general que reclamen la intervención o interés del Defensor del Pueblo andaluz, o casos concretos de intervención en defensa de derechos humanos vulnerados o en riesgo grave.
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