El Defensor del Pueblo Andaluz insta a mejorar la coordinación entre las administraciones para la atención sanitaria de las personas reclusas

• El Defensor del Pueblo Andaluz cree necesario integrar la sanidad penitenciaria en los servicios autonómicos de salud, tal y como recoge la Ley 16/2003

• El Informe Especial del Defensor “Las Unidades de Custodia Hospitalaria. La Atención sanitaria a personas internas en prisión” se presentará este jueves 2 de junio en Comisión del Parlamento

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, junto con el consejero de Salud, Aquilino Alonso y el Presidente del Parlamento de Andalucía, Pablo Durán, han inaugurado este martes, 31 de mayo, la jornada “Las Unidades de Custodia Hospitalaria y la asistencia sanitaria especializada para personas internas en prisión”, organizada por el Defensor para debatir con los profesionales implicados, las necesidades asistenciales de este colectivo, que en Andalucía supone alrededor de 14.000 personas, el 30% de la población reclusa nacional.

El Defensor del Pueblo Andaluz considera que es necesario integrar la sanidad penitenciaria en los servicios autonómicos de salud, tal y como recoge la Ley 16/2003, como mejor manera de garantizar una atención integral de estas personas enfermas que actualmente reciben la prestación de dos sistemas sanitarios: la sanidad penitenciaria y el SAS.

Esta dualidad provoca unas deficiencias en el modelo organizativo para realizar esta asistencia médica que perjudica el derecho de la persona presa enferma a recibir la respuesta médica sin restricciones ni diferencias de trato. “Una persona enferma en prisión, es, ante todo, un paciente, no un recluso”.

Por ello ha insistido también en la necesidad de mejorar la coordinación entre ambas administraciones y en la urgencia de firmar el convenio entre el SAS y el Estado, paralizado desde 2013, para regular la atención sanitaria especializada de la población reclusa en Andalucía.

El Defensor ha pedido una organización cohesionada de estos servicios médicos y que se garantice a esta población reclusa una atención sanitaria equitativa.

Las Unidades de Custodia Hospitalarias (UCH) son dependencias del SAS para acoger los ingresos de pacientes que provienen de centros penitenciarios. En estas instalaciones, que tienen un acceso restringido, se ofrece la asistencia médica que necesitan estos enfermos a la vez que se despliega unas medidas de seguridad y custodia hasta que son dados de alta y regresan a la prisión.

Los problemas de salud mental que padece esta población, 8 veces más incidencia que la población común, o la alta presencia de la hepatitis que necesita programas especiales de atención, son algunas de las principales problemáticas que afectan a este colectivo y que aborda el Informe Especial del Defensor, así como otros asuntos de organización como la falta de conexión de los sistemas informáticos de las prisiones con el Servicio Andaluz de Salud que provoca que las historias clínicas o la gestión de consultas no cuenten con los sistemas adecuados.