El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha destacado hoy el fortalecimiento de la salud pública, especialmente ante el agravamiento de la salud mental; los problemas relacionados con la brecha digital; y las políticas sobre justicia climática y transición energética como retos inaplazables para las administraciones públicas en los tiempos actuales.
Estas reclamaciones coinciden con las principales materias que han incrementado el número de quejas y consultas por parte de la ciudadanía en el Informe Anual 2021, que el Defensor del Pueblo andaluz ha debatido en la comisión correspondiente del Parlamento andaluz. Fueron 30.665 personas las que requirieron en 2021 la intervención de este comisionado parlamentario, que acometió 28.720 actuaciones (13.092 quejas gestionadas, 14.924 consultas y 704 acciones de promoción de derechos).
En primer lugar, Jesús Maeztu ha destacado el mayor incremento de reclamaciones de la ciudadanía ha sido en quejas sobre la sanidad, una vez aumentaron las reclamaciones en cuanto a las cuestiones de salud pública (por las medidas antiCOVID principalmente) y la salud mental, seguido de las deficiencias en la atención pediátrica. El Defensor ha hecho hincapié en los retrasos en la atención primaria y como consecuencia de ello ha reclamado una mejora en los canales de información; desvincular a los profesionales sanitarios de obligaciones que no sean de atención sanitaria en sentido estricto; y dotar a los centros de un refuerzo de personal con vocación de permanencia con el fin de reducir estos tiempos. Jesús Maeztu ha señalado que estos servicios son todavía más necesarios en las poblaciones rurales.
Precisamente la prestación del servicio público de salud en el medio rural es el tema que este jueves y viernes abordarán el Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, y el resto de defensores autonómicos en la Jornada de Coordinación de los Defensores del Pueblo, organizada este año por el Procurador del Común de Castilla y León. Jesús Maeztu ha completado que la Institución ultima un informe especial sobre el impacto de la Andalucía despoblada en la educación.
Sobre este fortalecimiento de la sanidad pública, el Defensor del Pueblo andaluz ha insistido en la necesidad de trabajar en la atención a las personas mayores, en especial, en un nuevo modelo de residencias para aquellas que no tengan oportunidad de beneficiarse de las políticas de envejecimiento activo. Sobre la salud mental, el Defensor ha reclamado “recursos que estén fuera de la economía familiar para la recuperación de las personas con trastornos mentales, y para ir eliminando las causas que provocan estas enfermedades”.
La necesidad de información y asesoramiento ante las medidas emprendidas por las administraciones públicas también se han incrementado en el ejercicio anual de la Institución. “Quiero que me atiendan ha sido la frase más repetida”, ha comentado Jesús Maeztu. De estas solicitudes, el Defensor ha advertido sobre la brecha digital en la relación de la ciudadanía con las administraciones públicas, lo que está provocando la aparición de “nuevos excluidos” debido a esta transformación digital.
“La relación de la ciudadanía con las administraciones públicas se ha deteriorado, en parte, por esta pérdida de la atención presencial”, ha señalado. Para el Defensor, los principales perjudicados han sido personas necesitadas de ayudas de emergencia para la subsistencia (un ingreso mínimo), para evitar un desahucio, o para determinado tipo de pensiones (no contributivas), ya que “otra vez los más afectados han sido las personas y los hogares que ya sufrían mayor exclusión social”. “En la cola de la desigualdad se está quedando cada vez más gente. Los Defensores tenemos que mirar a la cola, porque ahí es donde se mide la desigualdad, y una sociedad desigual produce efectos perniciosos”, ha expuesto Jesús Maeztu.
Los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente también han tenido protagonismo. Jesús Maeztu ha destacado la relación entre el cambio climático y el agravamiento de la salud, como las pandemias y los casos de salud mental. Por ello, ha reclamado políticas de justicia climática. También este aspecto el Defensor ha resaltado los costes de la transición energética, con un encarecimiento de la luz y barrios que están sufriendo cortes en el suministro. “Sin luz es imposible vivir”, ha sentenciado Jesús Maeztu.
Por último, el Defensor ha expuesto a los diputados que, para adaptarse a estos retos, la Institución está desarrollando las líneas prioritarias de la Estrategia 2021-2024 que permitirá al Defensor del Pueblo andaluz conectar con estos cambios sociales. Un trabajo que se complementará con la celebración el próximo año del 40 aniversario del Defensor del Pueblo andaluz.
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