El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maetu, ha intervenido hoy en la presentación del VI informe del Observatorio para la Desigualdad en Andalucía, sobre “Migraciones y Desigualdades Sociales en Andalucía”
El defensor andaluz ha agradecido la temática elegida que pone su mirada en uno de los colectivos de población más vulnerables -las personas migrantes- y cómo les condiciona para su plena inclusión, entre otros factores, el territorio donde se asientan. “Es un enfoque altamente revelador de muchas de las causas que pueden agravar las situaciones de desigualdad: la residencia en un ámbito urbano concreto es un condicionante más; el código postal te marca y mucho más en el caso de estas personas que residen en su mayoría en núcleos poblacionales más vulnerables o, incluso, invisibles y olvidados en asentamientos urbanos irregulares”, ha dicho Maeztu. Por eso ha recalcado a continuación que “es fundamental conocer, adaptar e integrar lo específico de cada territorio en las políticas públicas y, en el caso que nos ocupa hoy: urge poner especial énfasis en promover el valor de la interculturalidad de la población residente como eje vertebrador para favorecer la inclusión en estos barrios”.
El defensor ha destacado que existe una relación directa entre la migración y la desigualdad en todos los niveles, siendo algunos de sus desafíos más importantes acabar con las situaciones de racismo y xenofobia y contar con políticas públicas capaces de gestionar esta diversidad, con sociedades plurales y abiertas:
Durante su intervención, Jesús Maeztu ha recordado algunas de las principales problemáticas que nos trasladan estas personas a través de las quejas, tanto a tìtulo particular como por entidades del tercer sector, visitas de la Defensoría al territorio e investigaciones propias de la Institución desde un enfoque jurídico y social.
Fruto de este trabajo, la Defensoría ha reclamado a las administraciones andaluzas: el cumplimiento de la normativa para elaborar los informes de inserción social para el arraigo social; facilitar y empadronar a estas personas, -también las que residen en asentamientos chabolitas-; más recursos públicos para atender la realidad social y económica de esta población y la acogida y reparto equitativo, sobre todo de menores no acompañados, entre otras cuestiones, además de otras problemáticas similares a las que sufren la población vulnerable y/o en riesgo en general en estos barrios.
“Tras nuestro trabajo en defensa de este colectivo, podemos afirmar que aún queda un camino largo que recorrer para que la protección de derechos que se garantizan en la normativa vigente a las personas extranjeras sea un hecho y no una mera proclamación de loables intenciones”, ha lamentado el defensor, que también ha pedido en el caso de los asentamientos chabolistas y, de manera genérica, “una estrategia global y territorial para la eliminación de estos asentamientos respetando la autonomía local, que contemple incluir estrategias para involucrar a todos los agentes implicados (administraciones, tercer sector, empresariado, migrantes, población autóctona…)”.
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