El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha advertido hoy de que los representantes públicos tienen no solo el deber de garantizar el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía, sino también el de “enseñar y concienciar a la ciudadanía de la importancia crucial de asumir ese deber, para consigo misma, sus semejantes, su entorno y con el propio Estado”.
Jesús Maeztu ha estimado que este deber es necesario para mitigar el impacto de la pobreza y la desigualdad que sucede a todas las crisis, y ha revindicado que, una vez se vayan superando las crisis sanitaria y económica, “nadie se olvide de la crisis social, como sucedió en 2008, para que nadie vuelva a quedarse atrás”.
Ante el Pleno del Parlamento de Andalucía para la presentación del Informe Anual 2020 de la Institución, el Defensor del Pueblo andaluz ha reclamado que la ciudadanía no solo reivindique sus derechos, sino que cumpla con su deber en la defensa de esos derechos, y ha puesto como ejemplo, “oportuno a causa de la pandemia, nuestro deber de prevenir enfermedades y contagios, y de hacer un uso racional y responsable de los servicios de salud”.
La necesidad de defender los derechos humanos como un deber ciudadano viene recogida en la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas, una suerte de reverso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la que han estado trabajando expertos de todo el mundo, alentados por la Fundación Saramago e inspirados en un discurso del escritor con motivo del Premio Nobel logrado en 1998.
Jesús Maeztu ha señalado que “2020 ha sido el más duro y difícil de cuantos recuerda en los casi cuarenta años de historia de esta Institución”. De hecho, una de cada cuatro solicitudes de actuación presentadas por la ciudadanía ante el Defensor del Pueblo andaluz en el año 2020 estuvo directamente relacionada con la pandemia por coronavirus.
Fueron 35.146 personas las que requirieron la intervención de este comisionado parlamentario. De ellas, 8.665 presentaron quejas, lo que sumadas a otras 87 de oficio, hicieron un total de 8.752 quejas. A estas se suman 3.821 procedentes de años anteriores, lo que hizo un total de 12.573 quejas gestionadas. En cuanto al número de consultas, fueron 16.828. El aumento de actuaciones en quejas y en consultas fue de un 25%.
Para el Defensor del Pueblo andaluz, 2020 debe ser también “un año para no olvidar” y del que extraer lecciones con un objetivo: avanzar hacia la igualdad real en una sociedad justa, igualitaria y cohesionada. En este sentido, el Informe extraordinario realizado en el confinamiento por la Institución llamado Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia recogió 13 retos que el Defensor ha condensado ahora en cuatro aportaciones o lecciones que está dejando esta pandemia.
La primera lección sería la necesidad de un reforzamiento de los servicios públicos, en cuanto a los servicios sanitarios y de servicios sociales, con un nuevo modelo de gestión de las residencias de mayores. El segundo reto sería la oportunidad de promover y consolidar una economía de cuidados, que cuide a los más desprotegidos, entre ellos, las personas mayores, la infancia y la adolescencia, al tiempo que se requiere una atención especial a la salud mental.
Un tercer desafío sería la mejora y eficiencia de los servicios de información y atención ciudadana, ante la necesidad de rehumanizar los servicios de información y atención ciudadana por parte de las administraciones públicas. Ello incluye la brecha digital como un ejemplo de esa imposibilidad de acceso a los servicios públicos, que amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social. En cuarto y último lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que supone una tarea inaplazable contar con el diseño de un sistema de acogida y acompañamiento para colectivos de especial vulnerabilidad que, entre otros, ofrezca respuesta a personas necesitadas de unos ingresos mínimos, o de una ayuda al alquiler para evitar un desahucio; las personas dependientes o con discapacidad; los menores extranjeros y los jóvenes ex tutelados; las personas que padecen una enfermedad mental, o los sistemas de empleo. En este punto, Jesús Maeztu ha reivindicado políticas de formación para la juventud.
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