![El Defensor de la Infancia pide extender a los mayores de edad la ayuda de 5.000 euros para los huérfanos por violencia de género El Defensor de la Infancia pide extender a los mayores de edad la ayuda de 5.000 euros para los huérfanos por violencia de género](https://defensordelmenordeandalucia.es/sites/default/files/styles/listado_grande_830x380/public/comi4.jpeg?itok=GmCfHROC)
El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy la extensión de la ayuda económica a la infancia huérfana de violencia de género para los mayores de 18 años, al igual que sucede en otras comunidades autónomas.
En la comisión sobre la infancia y adolescencia del Parlamento de Andalucía, Jesús Maeztu ha saludado la entrada en vigor este año de una prestación de 5.000 euros anuales destinadas a menores huérfanos por violencia de género, y ha solicitado la colaboración de los diputados y diputadas de la comisión para extender la ayuda a los mayores de edad. “Al menos a los que están estudiando, y hasta que comiencen a trabajar, pero para que no se queden fuera. Conocí el caso de un menor en estas condiciones al que le vino un recibo de IBI a los 18 años, y no tenía con qué pagarlo”, ha considerado el Defensor, que ha presentado el Informe de Infancia y Adolescencia 2022.
Maeztu ha llamado la atención sobre la situación en la que quedan los hijos e hijas, “los grandes olvidados” y los familiares. “Cuando se entierra a la mujer, comienza el calvario del niño y del familiar que se queda con ellos”, ha subrayado.
Para el Defensor de la Infancia, este Informe se puede utilizar como una “guía” para que esas familias conozcan qué pueden hacer cuando les sobreviene esta situación, al tiempo que ha reclamado a la Administración varios retos para garantizar recursos y protección a estas víctimas. Maeztu ha señalado, entre otros, una ampliación del acompañamiento superior a las 48 horas tras el entierro de la mujer; medidas para evitar la victimización de estos menores en los procesos judiciales -por ejemplo, en cuanto al otorgamiento de la guarda y custodia a las familias, o ante la futura excarcelación o permisos de su progenitor-; medidas de protección sobre sus derechos patrimoniales, y la necesidad de una acreditación de la condición de víctima para poder acceder a recursos y servicios más allá de la protección judicial. Maeztu también ha demandado una mejora en el sistema de recopilación e información de datos estadísticos, y potenciar acciones de investigación, campañas de sensibilización social e información.
Desde 2003 -año en el que se incluyó a los menores en las estadísticas- y hasta la elaboración de este informe, el número de niños y niñas que se han quedado huérfanos por violencia de género se elevó a 388, 75 de ellos en Andalucía, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer, y las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado. Otros 13 menores se han quedado huérfanos en este periodo, por lo que se trataría de 88 niños y niñas huérfanos por violencia de género en la comunidad autónoma hasta la actualidad.
En cuanto al estado de la infancia andaluza este año, el Defensor ha señalado que fueron 4.965 actuaciones por parte de este comisionado, de las cuales 2.389 se refieren a quejas y 2.576 a consultas. En asuntos de infancia, adolescencia y juventud se tramitaron un total de 1.806 expedientes de queja nuevos, de los cuales 1.787 fueron instados por la ciudadanía y 19 se iniciaron de oficio promovidos por la Institución. Junto con estas actuaciones se realizaron otras 583 más, procedentes de quejas iniciadas en años anteriores.
Acerca de otras materias del Informe, el Defensor ha destacado el derecho a la salud, caso de la atención especializada de pediatría, especialmente preocupante en entornos rurales, y las quejas sobre la salud mental, y el número de suicidios. Sobre educación, y mientras sigue descendiendo el número de reclamaciones por la matriculación, Maeztu ha avisado de que persisten carencias en la bioclimatización de muchos centros educativos de Andalucía; la reiteración de quejas sobre la asignación de recursos y medios profesionales para el alumnado de necesidades especiales; y la preocupación por las conductas violentas en las aulas.
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