El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha abogado hoy por la reeducación y la reinserción en la justicia juvenil frente a otro tipo de medidas de represión, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor que ha delinquido.
Maeztu ha inaugurado hoy la jornada 25 años de avance de la Justicia Juvenil en Andalucía junto al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río. A la jornada celebrada en Caixaforum han asistido profesionales de la Judicatura, la Fiscalía, la Universidad, la Administración Pública y expertos pertenecientes a entidades colaboradoras responsables de la ejecución de las medidas judiciales en Andalucía, y que han analizado la trayectoria durante 25 años de la aplicación de la Ley 5/2000 en Andalucía.
Para el también Defensor del Pueblo en funciones, la delincuencia juvenil hay que afrontarla desde dos vertientes simultáneas; por un lado, abordando la educación de los menores de edad desde el aprendizaje paralelo de la libertad y la responsabilidad y, por otro, reprimiendo las conductas delictivas con las medidas adecuadas, pero siempre sin perder su referente educativo y de reinserción social.
Maeztu ha señalado que son muchas las razones por las que unas personas que se encuentran en pleno proceso de formación pueden llegar a cometer actos delictivos, unas consustanciales al propio individuo como la enfermedad mental o traumas psicológicos, y otros, externas, entre los que cabe incluir la influencia familiar, el fracaso escolar, o la marginación social. Asimismo, el Defensor se ha detenido en la responsabilidad de toda la sociedad, una vez que “la violencia social lo impregna todo y afecta a toda la ciudadanía”.
El Defensor ha destacado que en los 25 años de justicia juvenil en Andalucía se ha producido un cambio de perfil en el menor que delinque, con un incremento de jóvenes de clases sociales altas que cometen delitos, y condenados a penas de internamiento. “Son casos en los que la marginación no viene dada por su pertenencia a un entorno social desfavorecido sino por su desvinculación de un medio social adecuado, y su vinculación paralelamente a grupos cuyos estilos de vida promueve el consumo de drogas o el incumplimiento de normas”, ha añadido, para llamar la atención sobre la violencia filioparental, de manera singular hacia las madres.
Ante los nuevos desafíos de este tipo de sociedad -entre los que ha mencionado los avances en materia tecnológica, el aumento de la diversidad cultural, y otros diferentes modos de violencia- ha vuelto a incidir en la la reeducación y la reinserción de los chicos y chicas que han delinquido, así como en la protección de todas aquellas personas menores de edad que, en el polo opuesto, son víctimas día a día de violencia, injusticia e incomprensión.
De hecho, el Defensor ha considerado sobre una posible modificación de la vigente Ley de Responsabilidad Penal del Menor que no se trata de un problema jurídico o normativo, sino un problema social, fruto y consecuencia de varios factores, y que sólo puede afrontarse y comprenderse conociendo y actuando sobre los diversos factores que inciden en el mismo. “La legislación de menores infractores nunca puede ser la solución definitiva al problema de la delincuencia juvenil, y ver en ella una relación directa con el problema no es la vía más idónea para combatirlo”, ha concluido.
Por último, sobre el desafío de la edad mínima para exigir a una persona menor de edad responsabilidad penal -estimada en 14 años-, Maeztu ha insistido en la necesidad de incrementar las medidas de prevención con aquellos menores que comienzan a mostrar signos de delincuencia leve, para evitar que lleguen a ser especialmente graves y el chico o la chica acabe cumpliendo una medida de internamiento en un centro.
"Necesitamos la prevención como instrumento de lucha contra la violencia juvenil, en la que el sistema educativo, los servicios sociales de atención primaria y los servicios de salud mental deben adquirir un especial protagonismo, actuando de forma eficaz y diligente ante los problemas de fracaso escolar o de salud mental que presenten los menores", ha finalizado.
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