Conocemos los retos y líneas de actuación de las entidades que defienden los derechos de la población penitenciaria

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy una reunión en el centro penitenciario de Morón de la Frontera con entidades que defienden los derechos de las personas privadas de libertad para abordar retos y líneas de actuación.

Este encuentro se enmarca en la línea de colaboración de la Institución para analizar los recursos públicos que se implementan en las prisiones andaluzas a fin de facilitar la reinserción en la sociedad de las personas privadas de libertad, al igual que la reunión mantenida la pasada semana en Madrid con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz González.

Esta colaboración ha permitido que durante los últimos años la Defensoría del Pueblo andaluza haya mantenido reuniones en los centros penitenciarios, tanto con los equipos directivos como con los equipos técnicos, así como con el tercer sector que colabora con distintos programas de subvenciones públicas en las prisiones, y que complementan las quejas que recibimos de las personas en prisión.

Esta información permite a la Defensoría priorizar actuaciones de oficio para tener un mayor conocimiento sobre la implementación de las distintas políticas públicas como es las relativas a los efectos que sobre la población penitenciaria tiene la dualidad de dos sistemas sanitarios, la atención a la drogadicción y las adiciones o la gestión de las valoraciones de discapacidad de quienes se encuentran en prisión.

El Defensor ha conocido las aportaciones expuestas por la Red de Entidades del Entorno Penitenciario de Sevilla, EnRedes, para mejorar las condiciones de vida y defender los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad privadas de libertad. Entre otros retos, EnRedes ha destacado la necesidad de desarrollar estrategias para la inclusión de personas inmigrantes; abordar la salud mental y la discapacidad; estrategias para prevenir el sinhogarismo en personas ex reclusas; la defensa de la reinstauración del subsidio por excarcelación y, en su caso, agilizar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV), asegurar el transporte a los centros penitenciarios, y el fomento de la inclusión laboral.