El Defensor del Pueblo Andaluz inició una actuación de oficio (queja 15/5393) para conocer el alcance del derecho de defensa jurídica y protección de los empleados públicos andaluces al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía como consecuencia del ejercicio de sus funciones.
Dicha actuación de oficio la abrió al recibir algunas quejas individuales y ante el hecho de que en los últimos tiempos, como consecuencia de asuntos relacionados con la corrupción en actuaciones administrativas sometidas a diligencias penales, determinados empleados públicos (funcionarios, estatutarios y personal laboral) se han visto sometidos a diversas actuaciones policiales y/o judiciales que les han obligado a recabar, por su cuenta y con cargo a sus ingresos, la preceptiva representación y defensa por parte de profesionales de la Abogacía en ejercicio.
Con nuestra investigación pretendíamos analizar el alcance de la representación y defensa en juicio del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía por parte de los letrados y letradas adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, con especial referencia a los empleados públicos dependientes de la Administración instrumental.
Una vez recibida la contestación por parte de la Administración hemos constatado la suficiencia de la garantía del derecho de defensa y protección de los empleados públicos.
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