COMUNICADO

 COMUNICADO

En relación con el trágico suceso acaecido en el día de ayer en la ciudad de Granada y que tuvo como resultado de la muerte de un ciudadano andaluz llevado por la desesperación ante la inminencia del previsto desahucio de su vivienda, esta Institución desea manifestar su profundo pesar por una terrible decisión personal desesperada. Sin proclamar motivaciones arriesgadas, no se puede desligar el suceso de la angustia sufrida por esta víctima.

El Defensor del Pueblo Andaluz se siente en la obligación moral de denunciar públicamente, una vez más, la persistencia en nuestro país de una regulación de los procesos de ejecución por impago de deudas hipotecarias que, además de ser manifiestamente injusta y anacrónica, está contribuyendo a agravar las consecuencias de la crisis económica para muchas familias andaluzas al abocarlas a la marginalidad y la exclusión social.

Esta Institución considera imprescindible que se acometa con la mayor urgencia un cambio en la normativa que regula los procesos de ejecución por impago de deudas hipotecarias. Este cambio de regulación debe dotar de mayor equidad a estas ejecuciones, reforzando los derechos de los deudores frente a las entidades financieras y posibilitando que los jueces puedan intervenir en salvaguarda de los derechos de los deudores de buena fe.

Asimismo, estimamos inaplazable la aprobación de una regulación para las familias en situación de sobreendeudamiento que posibilite a las mismas hacer frente a sus deudas de una forma ordenada y razonable, que no comporte ni su ruina, ni la pérdida de su hogar, ni su endeudamiento de por vida.

Las medidas normativas aprobadas hasta ahora, el llamado “código de buenas prácticas”, que pretendía dar una alternativa a la pérdida de la vivienda para las personas situadas en el umbral de exclusión, se han revelado    insuficientes e ineficaces por exigir unos requisitos que pocos ciudadano pueden cumplir y por la resistencia de las entidades financieras a aplicarlo. 

Debemos denunciar que los muchos compromisos para dar efectividad al principio de la dación en pago como fórmula liberatoria de deudas hipotecarias siguen sin concretarse ni hacerse realidad, mientras los desahucios se multiplican.

Todas estas medidas, y otras igualmente imprescindibles y urgentes, vienen siendo reclamadas desde muchos ámbitos de la sociedad civil y desde esta misma Institución desde hace ya bastante tiempo, sin que hasta la fecha hayan sido debidamente atendidas. Hemos de reiterar una vez más las propuestas que ya planteara esta Institución con ocasión de la presentación del Informe Anual de 2011; unas propuestas que si entonces las valorábamos como necesarias, hoy las consideramos urgentes e inaplazables

La insuficiente respuesta de los poderes públicos para garantizar el acceso y disfrute a una vivienda digna y adecuada de todos los españoles, más 30 años después de aprobarse la Constitución, no puede verse agravada por la incapacidad de poner en marcha medidas destinadas a impedir la privación de este derecho constitucional a quienes, ya, estaban disfrutando del mismo.

Más allá del impacto de una decisión personal dramática, los poderes públicos deben acometer con urgencia las respuestas legales justas e inteligentes ante un problema social que no admite más demoras.

Un día, una mujer asesinada, Ana Orantes, despertó a quienes dormitaban y daban excusas ante la violencia de género. Baste con la memoria de José Miguel Domingo para provocar esa respuesta justa que toda la sociedad aguarda.

Sevilla, 26 de Octubre de 2012