El Defensor del Pueblo Andaluz, como garante de los derechos y libertades de la ciudadanía, ha mostrado en reiteradas ocasiones su preocupación por que las ciudades sean inclusivas y sostenibles, lo que incide directamente en la garantía efectiva de diversos derechos de la ciudadanía.
Así, tras promover sendos debates sobre “ciudades inteligentes, ciudades inclusivas” y “ciudades inteligentes, ciudades sostenibles” organiza ahora una nueva jornada para este jueves 25 de mayo sobre “Los gobiernos locales ante la Nueva Agenda Urbana”.
En este nuevo escenario mundial, los gobiernos locales son quienes tienen que implementar la Nueva Agenda Urbana 2030, ya que les corresponde ejecutar en última instancia las políticas sectoriales para hacerla realidad.
La jornada del Defensor del Pueblo Andaluz aborda una mesa redonda “los gobierno locales como tomadores de decisiones en la Agenda Urbana” en la que interviene el consultor internacional Federico Salmerón Escobar, quien participó en la 3º Conferencia de la ONU, Hábitat III, celebrada en Quito en octubre pasado con el objetivo de fijar el lugar de las ciudades en esta Mesa Global. Compartirá la mesa con los catedráticos Esteban Ruiz Ballesteros (de Antropología Social) y Manuel Enrique Figueroa Clemente (de Ecología, también Director de la Oficina de Sostenibilidad) y el Secretario General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente, Rafael Márquez Bernal.
Además se celebrarán dos conferencias: “Objetivo 11. Desarrollo Sostenible en la Nueva Agenda urbana” y “Consenso político y participación ciudadana en la cinstrucicón de la ciudad sostenible”, a cargo de Isabela Velázquez Valoria (arquitecta urbanística. Gea 21) y Roberto González Argote (Jefe del área de Sostenibilidad Urbana en el Ayuntamiento de Vitoria-Gastéiz), respectivamente.
El doble reto de garantizar la calidad ambiental y la lucha contra la exclusión en las ciudades está muy presente en los 17 objetivos del Desarrollo Sostenible de la nueva Agenda Urbana Mundial 2030, que se marca como uno de ellos: “Conseguir que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
Ello solo es posible si se apuesta decididamente por la ciudad compacta. Es decir, una ciudad planificada que evite la dispersión que da lugar a los barrios dormitorios y a los suburbios que demandan unos grandes gastos energéticos en el transporte y un alto consumo, sin retorno, del suelo no urbanizable.
En segundo lugar, una ciudad inclusiva, en la que toda la población sin discriminación alguna pueda disfrutar libremente de los espacios físicos, políticos y sociales, ejerciendo de igual manera el derecho a una vivienda adecuada y a tener acceso a los bienes y servicios públicos.
Y, en tercer lugar, una ciudad participativa que genere sentido de pertenencia no excluyente, lo que facilitará la cohesión social y un modelo de gobierno local que responda a la idea de codecisión.
En definitiva, un ciudad segura, sin fronteras para la ciudadanía donde los espacios públicos son la clave para construir comunidades plurales y pacíficas, evitando la estigmatización de grupos sociales,
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