El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados en nuestro país y en nuestra comunidad, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que luchan para lograr acabar con los acosos, asesinatos de mujeres, violencia de género, brecha salarial y las desigualdades, en todas sus formas, para llegar a conseguir una sociedad más justa, más pacífica y más sostenible.
Esta celebración y esta lucha debe ser de mujeres y hombres, porque la igualdad de género es una visión compartida de justicia social y derechos humanos, y beneficia a toda la sociedad que también tiene la responsabilidad de actuar.
En 2023, la ONU quiere concienciar sobre la necesidad de Un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género, en reconocimiento de las mujeres y las niñas que están luchando por el avance de la tecnología transformadora y por el acceso a la educación digital.
De todos es conocido que la brecha digital repercute en el crecimiento de las desigualdades sociales y económicas. Al mismo tiempo, supone un deber proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales, y abordar la violencia de género en línea y la facilitada por las nuevas tecnologías de la comunicación. La violencia digital contra mujeres y niñas supone el 70% de los casos que se denuncian, según ha revelado la Agencia Española de Protección de Datos.
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha manifestado en numerosas ocasiones su preocupación por los efectos que causa la brecha digital en la población y, como Defensor de la Infancia y Adolescencia, especialmente en la educación de los niños y las niñas, así como el riesgo que supone un uso inadecuado de las nuevas tecnologías. No cabe duda de que la transformación digital de la sociedad andaluza está comportando enormes e indiscutibles beneficios para la misma, pero lo cierto es que las quejas recibidas en relación con este proceso nos permiten comprobar que estos beneficios no llegan a todas las personas por igual, ni benefician en igual medida a todos los colectivos sociales.
Las quejas recibidas y los estudios realizados demuestran que los colectivos sociales que menos se benefician de las ventajas de ese proceso de transformación son aquellos que agrupan a personas que padecen alguna situación de vulnerabilidad, ya sea por su situación económica; por tener alguna discapacidad; por ser migrantes; por su nivel educativo o cultural; por su edad; por vivir en un entorno rural; o por ser mujer.
Varios son los elementos que ineludiblemente deben concurrir para que una persona pueda participar en plenitud de las ventajas del proceso de digitalización: debe tener acceso a los equipamientos necesarios de hardware y software; debe disponer de una conexión adecuada a internet; y debe poseer conocimientos y habilidades para desenvolverse en un entorno digital. Si alguno de estos elementos falla o presenta deficiencias la persona afectada puede tener serias dificultades para integrarse en el mundo digital y, en situaciones extremas, puede acabar formando parte de lo que se ha venido en denominar el colectivo de las “personas en exclusión digital”.
Estas deficiencias deben corregirse en primer lugar desde el ámbito de la educación. Recientemente nos hemos ocupado de la brecha digital existente en el Informe Especial sobre La atención educativa al alumnado en los colegios públicos rurales de Andalucía: retos y propuestas, donde en algunas provincias el número de alumnas supera al de alumnos. Este Informe nos ha revelado que ocho de cada diez colegios confirman dificultades en la enseñanza, más patentes durante la COVID.
Es evidente que el hecho de vivir en un municipio pequeño conlleva la escasez de ciertos servicios, pero no por ello puede resultar admisible la brecha digital existente entre el mundo rural y urbano y, más concretamente, entre las niñas y los niños que acuden a colegios ordinarios y los que están escolarizados en los colegios públicos rurales. Confiamos que el debate y concienciación sobre esta realidad permita introducir medidas de discriminación positiva a favor de la presencia de las TIC en los colegios públicos rurales andaluces.
Unas medidas que incorporen dichas tecnologías y que proporcionen los recursos materiales y personales necesarios para su puesta en funcionamiento que contribuyan al objetivo irrenunciable de la igualdad.
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