25-N. Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer

La violencia de género constituye una persistente y devastadora violación de los derechos humanos de las mujeres y de los niños y niñas a su cargo, así como un obstáculo fundamental para la igualdad entre mujeres y hombres. Incluso en las sociedades más avanzadas, las mujeres continúan siendo controladas, amenazadas, agredidas y asesinadas, si bien no existen cifras totalmente reales debido a la impunidad de la que aún hoy gozan muchos de los perpetradores y la estigmatización, vergüenza y miedo que sufren las víctimas.

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993 define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.” Aunque en nuestro país se ha avanzado mucho a nivel normativo para luchar contra esta lacra social, fundamentalmente gracias a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra violencia de género, lo cierto es que muchas de las Comunidades Autónomas han estimado la necesidad de aprobar normas que amplían el concepto de violencia de género, inspirándose en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia hacia la mujer y la violencia doméstica, que se aplica a todas las formas de violencia contra las mujeres y comprende todos los actos de violencia basados en el género que impliquen o puedan implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, en la vida pública o privada.

Quedan importantes retos por superar, entre ellos proceder a la revisión del texto vigente de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, e impulsar los cambios legislativos necesarios para ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres y violencia doméstica contenidos en el Convenio de Estambul. En este sentido no podemos sino reiterar el contenido de la Declaración conjunta de todas las Defensorías del Pueblo de España, tras sus Jornadas de Coordinación de 2018, en la que se recuerda a los poderes públicos la obligación que tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

La promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se quede atrás no podrá cumplirse sin poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, para lo cual es imprescindible la implicación de toda la sociedad en su conjunto. En la misión que asume el Defensor del Pueblo Andaluz se encuentra la de garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía y la defensa de una cultura de paz, y entre los valores que marcan nuestra actuación, la igualdad de género y el compromiso social.

Desde esa perspectiva y conscientes de la necesidad de que el problema al que nos enfrentamos requiere importantes cambios no solo a nivel jurídico y administrativo, sino sobre todo de la sociedad y los valores que tradicionalmente han situado a la mujer como un sujeto de menor valía, hemos asumido en la Estrategia del Defensor del Pueblo Andaluz 2021-2024 el compromiso de asegurar un enfoque transversal en todas nuestras actuaciones y de integrar la perspectiva de género e igualdad de trato.

Por otro lado, la Estrategia se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, así, asumimos como metas:

1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
3. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.
4. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.