La Defensoría de la Infancia y Unicef advierten de que más de 4 de cada 10 personas menores de 18 años están en riesgo de pobreza o exclusión social en Andalucía
Coincidiendo con el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, el Defensor de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu y la presidenta de UNICEF Comité Andalucía, Claudia Zafra, han alertado sobre el aumento de la tasa de pobreza y exclusión social para la población menor de 18 años (tasa AROPE*) en Andalucía. Las cifras extraídas a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 2021 del INE registran un incremento de más de 6 puntos respecto a 2020, hasta situarse en el 43,7%**, (37,4% en 2020). Un dato que sitúa en esta franja a unas 680.000 personas menores de 18 años, más de 4 de cada 10.
Las cifras superan en más de 10 puntos la media nacional del 33%. A nivel nacional, el dato también empeora en casi 2 puntos (un 1,9%), lo que mantiene a un tercio de la población española menor de edad en riesgo de pobreza o exclusión social.
En los niveles más intensos de pobreza, Andalucía también experimenta una subida. El 11,4% (unas 178.000 personas menores de 18 años de la comunidad autónoma) están en situación de carencia material severa, eso supone más de 1 de cada 10. Esta tasa aumenta más de un 2% a nivel andaluz, mientras que la media nacional prácticamente se mantiene (8,9%).
Entre los datos, destacamos que el porcentaje de menores de 18 años andaluces cuyas familias tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal, (el 18,1%), ha mejorado en 0,6 puntos respecto al año pasado; sin embargo, empeoran algunos de los elementos más críticos y que denotan un muy alto nivel de privación, como no tomar al menos una comida de carne, pollo o pescado al día (el 6,6%, un 1% más que en 2020), no poder hacer frente a gastos imprevistos (el 43% de las familias) o no poder permitirse una semana de vacaciones al año, dato que aumenta un 1,1% respecto al 2020 y se sitúa en el 43,3% . De modo similar el 13,7% de los menores de 18 años en Andalucía viven en hogares con baja intensidad en el empleo, un 5% más respecto a 2020.
Estas privaciones, analizadas dentro de la tasa AROPE, repercuten de manera muy intensa en hogares con niños y niñas. Las familias con hijos a cargo sufren, en mayor medida, la falta de oportunidades profesionales, el empeoramiento en las condiciones laborables y los problemas de acceso a la vivienda, algo que se agrava, especialmente, en familias monomarentales o con progenitores de origen extranjero.
Una nueva crisis que afronta la infancia
Las cifras siguen mostrando que la población infantil es la más afectada por la pobreza y la exclusión social y avanzan los efectos de la pandemia en las familias, ya que los datos corresponden a 2020. Ahora, con este aumento hasta el 43,7% se acerca a los peores datos registrados, el 46,9% de 2016 y el 48% de 2015, coincidiendo con la anterior crisis económica. Las cifras advierten del impacto en 2020 de la pandemia en esta nueva crisis, donde los datos de pobreza y exclusión para la infancia y la adolescencia siempre superan los datos para la población total.
Desde Andalucía, el Defensor de la Infancia y la Adolescencia y UNICEF reclamamos una mayor y más eficiente inversión en infancia, no solo por los preocupantes datos de pobreza infantil que se registran hace años, sino porque tener hijos se está convirtiendo en un factor de riesgo y de desprotección para las familias. Invertir en la infancia incide directamente en sus capacidades y oportunidades futuras y protege a las familias en la crianza frente a la precariedad laboral y la falta de ingresos.
Proponemos situar la infancia como prioridad presupuestaria en el conjunto de las políticas, tal y como establece la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, aprobada en 2021; alcanzar un consenso político y social sobre mínimos de inversión destinada a infancia y; realizar los análisis presupuestarios evaluando la orientación del gasto, su distribución sectorial, su impacto y su eficacia en términos de equidad para la infancia.
Es necesario, además, implementar un modelo de protección social destinado a prevenir y proteger a todas las personas contra la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión, con especial atención a los grupos vulnerables, a las familias más jóvenes con hijos y las monoparentales, especialmente las encabezadas por mujeres. También fortalecer las medidas destinadas al mantenimiento del empleo y los ingresos de las familias con hijos, a través de herramientas como las rentas autonómicas, (como la propuesta de un nuevo Ingreso por la Infancia y la Inclusión).
Estas medidas deben ser de amplia cobertura y complementarias de las prestaciones estatales, reduciendo las condiciones y evitando los obstáculos para su acceso, a fin de que lleguen de forma efectiva a los hogares más vulnerables. Es importante facilitar el acceso a una vivienda digna en especial en los hogares con niños y niñas, y la erradicación de la infravivienda y el chabolismo. Así como promover un acceso equitativo a servicios de conciliación familiar y laboral, incluyendo ayudas retributivas para la contratación de personal para aquellas familias en que todos los progenitores o tutores legales estén trabajando fuera del hogar.
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