Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 14/3512 dirigida a Ayuntamiento de Cádiz, Consejería de Fomento y Vivienda, Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
Tradicionalmente la ciudad de Cádiz, como otras ciudades de Andalucía, se ha caracterizado por un alto índice de infraviviendas en su casco antiguo que afortunadamente se ha ido reduciendo en los últimos años gracias a la implicación de las Administraciones territoriales con competencias en esta materia. No obstante, es un hecho el que aún sigan existiendo inmuebles en los que las personas siguen viviendo en condiciones de inhabitabilidad extremas, lo cual esta Defensoría ha podido comprobar personalmente in situ, en la visita efectuada el pasado día 10 de junio a esa Ciudad, siendo esta una realidad que corresponde atajar a los poderes públicos con la colaboración y participación de la iniciativa privada.
La intervención en la infravivienda, ha de incardinarse en la política general de vivienda encaminada a la recuperación del parque residencial existente, mediante la mejora de las condiciones de alojamiento de los ciudadanos y ciudadanas y en definitiva, de su calidad de vida, lo que propicia el mantenimiento de la población residente, en el caso de Cádiz, en barrios concretos del Casco Antiguo en los que aún siguen existiendo inmuebles que no pueden ser calificados de viviendas dignas y adecuadas, en los términos que proclama el derecho constitucional del artículo 47 de la C.E., según las manifestaciones de los propios vecinos y de las asociaciones que se preocupan por los derechos de la ciudadanía (Asociación Proderechos Humanos de Andalucía y otras). Con este tipo de intervenciones se incide también en la recuperación física y patrimonial de la ciudad.
En consecuencia, teniendo en cuenta el contenido de los artículos 9.2 y 47 de la CE y 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, se incoa queja de oficio ante el Ayuntamiento de Cádiz y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, en orden a las previsiones que al respecto puedan tener tanto el Ayuntamiento de la Ciudad como la Administración Regional; todo ello, con la finalidad de coadyuvar a que entre todos acabemos con la existencia de inmuebles habitados en los que es imposible llevar a cabo unas condiciones de vida dignas.
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