Un informe especial sobre el Sistema de Responsabilidad Penal de Menores en Andalucía analizará la gestión de plazas en medio abierto

30/06/2014

La administración nos informa de que el nuevo modelo de organización del servicio responde a la potestad de autoorganización de la Administración, atendiendo a criterios de economía en el gasto, eficiencia y eficacia, además de resultar congruentes con el interés superior de los menores que en última instancia se han de beneficiar del aporte educativo de las medidas impuestas por los Juzgados de Menores.

El actual modelo organizativo para el cumplimiento de medidas en medio abierto se está estudiando y valorando en un Informe Especial sobre el Sistema de Responsabilidad Penal de Menores en Andalucía que actualmente se está elaborando. 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía hizo público su acuerdo de aprobar un nuevo modelo integral para la ejecución de medidas judiciales en medio abierto. Para dicha finalidad, el Consejo de Gobierno autorizó la contratación provincial de dicho servicio, que hasta el momento prestaban de forma no unificada diversas entidades privadas sin ánimo de lucro.

A tales efectos, en fechas recientes hemos tenido constancia por noticias aparecidas en distintos medios de la queja hecha pública por la central sindical Comisiones Obreras de Andalucía, relativa a la reducción del personal incluido en los programas que viene realizando la Junta de Andalucía para la ejecución de medidas impuestas por Juzgados de Menores, referidas a medio abierto.

Según la queja de la central sindical, la opción de la Junta de Andalucía por el nuevo sistema de contratación de entidades para la gestión de las medidas de medio abierto implica una reducción de más de 60 puestos de trabajo en Andalucía lo que, a su vez, conlleva un incremento de la ratio de menores atendidos por tales profesionales y el consecuente empeoramiento en la calidad de la atención.

Además, el sindicato alerta sobre la posible adjudicación de dicho contrato a empresas que no respeten la legalidad laboral vigente, por lo que han solicitado que se mantenga la gestión de tales centros a través de entidades sin ánimo de lucro.

Habida cuenta la trascendencia de la labor socio-educativa que desempeña la Junta de Andalucía en la ejecución de las competencias sobre menores infractores, hemos estimado oportuno iniciar una actuación de oficio.