Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 17/1720 dirigida a Consejería de Educación, Delegación Territorial de Málaga
RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)
Como hicimos constar en la apertura de este expediente, es en el contexto del interés, preocupación y firme compromiso de esta Defensoría en contribuir a facilitar la prevención, detección y recuperación de las Víctimas de acoso escolar y ciberacoso, en el que deseábamos tener conocimiento de los casos que se habían producido, casi de manera simultánea, en tres centros docentes malagueños en el pasado mes de marzo.
En el informe que ha sido enviado por la Administración, observamos con enorme satisfacción la rápida respuesta que se dio en cada uno de los casos que fueron expuestos, tanto para proteger a las víctimas, en primer lugar, como para adoptar las medidas correctoras e imposición de las medidas disciplinaras que fueron necesarias para devolver a la normalidad la situación.
29-03-2017 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO
Hace tan solo unos días, y de manera casi simultánea, aparecieron en todos los medios de comunicación numerosas noticias que hacían referencia a sendos casos de presunto acoso escolar ocurridos en dos centros docentes malagueños, uno situado en la localidad de Fuengirola y el otro en Estepona. Así mismo, aunque tangencialmente, en alguna de las noticias que pudimos leer, se hacía alusión a un tercer caso, ocurrido también en Estepona, por lo que se estaban investigando unas imágenes de una agresión a una menor difundidas por WhatsApp entre cierto alumnado del IES Monterroso, en el que, según parece, estudian los implicados.
En cuanto al ocurrido en el primero de los municipios señalados, en concreto en el IES “Mercedes Labrador” de Fuengirola, cuyo padre del acosado fue el que dio la voz de alarma y comunicó a la Dirección del centro docente las amenazas graves y los insultos que venía sufriendo su hijo por parte de tres compañeros de clase, así como por otro menor escolarizado en otro centro docente.
Por parte del Instituto, de manera inmediata tras conocer los hechos y circunstancias relatadas por el progenitor de la presunta víctima, se incoó el correspondiente Protocolo, el que igualmente concluyó con la imposición de las medidas correctoras procedentes.
En cuanto al caso más difundido ocurrido en Estepona, fueron los progenitores de la presunta víctima los que acudieron directamente a presentar una denuncia a la Policía Nacional, así como posteriormente al centro docente, cuya Dirección procedió conforme correspondía en cuanto a iniciar la tramitación del Protocolo previsto. Por parte de la Policía, además, se investiga la posible existencia de una segunda víctima de este mismo grupo de alumnos.
En cuanto al tercero de los casos antes mencionados, en el IES Monterroso, de Estepona, las noticias no dicen nada más que lo antes señalado, por lo que desconocemos las actuaciones llevadas a cabo por parte del centro docente, así como las conclusiones a las que se hubiera podido llegar en cuanto a víctima y presuntos agresores.
Es en el contexto del interés, preocupación y firme compromiso de esta Defensoría en contribuir a facilitar la prevención, detección y recuperación de las Víctimas de acoso escolar y ciberacoso, plasmado en el Informe Especial que prácticamente con ese título se ha presentado al Parlamento de Andalucía en los primeros días de este mes de Marzo, en el que desearíamos tener conocimiento de los casos que se puedan producir.
La manera en la que se producen, el perfil de los alumnos y alumnas protagonistas, la reacción de los responsables educativos y de las Administraciones competentes... Conocer estos extremos resulta del todo necesario para poder valorar el resultado de las estrategias y medidas hasta ahora implementadas o, si por el contrario, estás resultan insuficientes o inadecuadas, con el único ánimo de poder aportar otras que pudieran resultar más eficaces para tratar de reducir al mínimo estos episodios y, sobre todo, el impacto que pueden causar en las víctimas, considerando como tales no solo a quienes lo sufren, sino también a quienes las protagonizan.
Por ello, y si bien por parte de sus respectivas Direcciones se aplicaron los correspondientes Protocolos, desconocemos los hechos que realmente se produjeron, así como las medidas preventivas que se adoptaron al respecto de las victimas, las medidas correctoras que se aplicaron a los alumnos acosadores y si a nivel aula o curso se han llevado a cabo intervenciones educativas y toma de conciencia por parte del resto del alumnado, lo que resulta del todo imprescindible para la prevención.
En cuanto a los hechos ocurridos en el IES Monterroso, desconocemos absolutamente las actuaciones llevadas a cabo por parte del centro al respecto de las imágenes de la agresión sufrida por una menor y que fueron objeto de difusión entre su alumnado.
Por esta razón, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, estimamos necesario, y de conformidad con Ley reguladora de esta Institución, proceder a incoar el presente expediente de oficio al objeto de poder conocer con mayor profundidad los casos de acoso señalados.
10-11-2017 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO
En el informe que ha sido enviado por la Administración, observamos con enorme satisfacción la rápida respuesta que se dio en cada uno de los casos que fueron expuestos, tanto para proteger a las víctimas, en primer lugar, como para adoptar las medidas correctoras e imposición de las medidas disciplinaras que fueron necesarias para devolver a la normalidad la situación.
Como hicimos constar en la apertura de este expediente, es en el contexto del interés, preocupación y firme compromiso de esta Defensoría en contribuir a facilitar la prevención, detección y recuperación de las Víctimas de acoso escolar y ciberacoso, en el que deseábamos tener conocimiento de los casos que se habían producido, casi de manera simultánea, en tres centros docentes malagueños en el pasado mes de marzo.
Solo conociendo cómo se producen, quienes son sus protagonistas, la reacción de los responsables educativos y de las Administraciones competentes, etc, nos permite valorar el resultado de las estrategias y medidas hasta ahora implementadas o, si por el contrario, estás resultan insuficientes o inadecuadas, con el único ánimo de poder aportar otras que pudieran resultar más eficaces para tratar de reducir al mínimo estos episodios y, sobre todo, el impacto que pueden causar en las víctimas, considerando como tales no solo a quienes lo sufren, sino también a quienes las protagonizan.
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