Nos interesamos por las medidas de atención al alumnado que carece de dispositivos para el seguimiento del curso de manera telemática

Conocer qué medidas concretas se van a implementar por la Administración educativa para evitar la “desconexión” que en este momento sufre el alumnado que no cuenta con dispositivos electrónicos adecuados o suficientes, o que carece de conexión a interner, para seguir la formación on line, así como las medidas de apoyo que posteriormente va a requerir para no sufrir el desfase en el aprendizaje respecto del alumnado que sí ha tenido acceso a la enseñanza telemática desde el inicio del confinamiento.

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el brote de SARS-COV-2 como pandemia, elevando a dicha extrema categoría la situación actual desde la previa declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.

En este contexto, se han adoptado, desde el Gobierno de la Nación y por la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus respectivas competencias, unas disposiciones, ajustadas a los principios de minimización de la intervención y de proporcionalidad de las medidas adoptadas a los fines perseguidos.

Dichas decisiones han sido recogidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 67, de 14 de Marzo de 2020) y acordadas en el ámbito de la Junta de Andalucía por Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19 (BOJA nº extraordinario 7, de 15 de Marzo de 2020).

En esta delicada etapa, que toda la sociedad andaluza padece, la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, y Defensor del Menor, no tiene limitada sus funciones; antes al contrario, la figura creada por la Constitución Española, e incorporada en el autogobierno andaluz en su Estatuto, resulta singularmente llamada a desempeñar su papel de garante y protectora de los derechos y libertades de la ciudadanía precisamente en estos momentos tan singulares (artículo 12.3 de la Ley 1/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz).

Igualmente, la situación ha propiciado una sucesión de medidas añadidas que se van adoptando desde ambas instancias, estatal y autonómica, procurando dar respuestas a las complejas vicisitudes que se generan en la lucha contra la pandemia. Más concretamente, por lo que respecta al ámbito educativo, el mencionado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 señala, señala en su artículo 9 lo siguiente:

Artículo 9. Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación

1. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados.

2. Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible.

Pues bien, en este grave contexto, y entre las manifestaciones de preocupación que están siendo expresadas por las personas y asociaciones de padres y madres y otros colectivos vinculados al ámbito educativo, ante esta Institución y a través de los diversos medios de comunicación, se ha puesto de manifiesto con especial relevancia aquellas que se refieren, precisamente, a la interrupción de la actividad educativa del alumnado más desfavorecido por carecer en sus hogares de dispositivos electrónicos e informáticos adecuados o suficientes, o la ausencia de conectividad a internet.

De este modo, se ha evidenciado con toda su crudeza la existencia, ya anterior a la pandemia, de la brecha digital sufrida por la población más vulnerable, o lo que es lo mismo, una brecha social que ahora se manifiesta de esta manera, siendo necesario implementar las medidas adecuadas para paliar esta lacra que, una vez más, golpea a quienes se encuentran en una situación económica y social más precaria.

Justo es reconocer el titánico esfuerzo que la Consejería de Educación y Deporte ha llevado a cabo desde el día en que se decretó el cierre de todas las aulas de Andalucía, y las sucesivas prórrogas, para poder garantizar, en general, a toda la comunidad educativa y, en particular, a docentes y alumnado, los medios adecuados para que en unas circunstancias tan excepcionalísimas como las actuales se puedan continuar impartiendo las distintas enseñanzas y materias curriculares, y de ese modo no interrumpir bruscamente el proceso de aprendizaje de los niños y niñas y jóvenes de nuestra comunidad autónoma.

Nos referimos, por ejemplo, a medidas como las del reforzamiento de la plataforma Moodle Centros para que alcance a la comunidad educativa y el profesorado pueda impartir docencia 'on line'; adaptación y ajustes del Sistema de Información Séneca para absorber la demanda; refuerzo de la atención en las plataformas educativas digitales y publicación del espacio web eAprendizaje.

Pero todo este esfuerzo no puede desplegar en su totalidad sus objetivos si una parte del alumnado al que va dirigido ve imposibilitada la continuidad de su formación de manera telemática por falta de los dispositivos electrónicos o por ausencia de conexiones a internet.

Es cierto que esta brecha digital entre el propio alumnado ha venido preocupando desde hace tiempo, sin embargo, es en estos momentos cuando sus negativos efectos se están haciendo más evidentes y sus soluciones más necesarias. El desarrollo de los acontecimientos hace temer que la incorporación de los estudiantes a las aulas, o no se va a producir, o se producirá para solo unos días antes de la finalización del curso, de manera que la distancia entre la evolución académica del alumnado con acceso a la teleformación y el alumnado que no puede acceder a su educación de manera telemática, podría ser prácticamente insalvable. Precisamente, en el momento de iniciar la presente actuación de oficio, los expertos que asesoran al Gobierno de España están valorando que la vuelta a los centros docentes no se produzca hasta el comienzo del próximo curso escolar 2020/2021, y de manera escalonada.

Por lo tanto, entendemos que, aún en el caso de la apertura de los centros docentes en la comunidad autónoma de Andalucía se produjera antes de la conclusión del presente curso -lo que, como decimos, no parece que sea posible-, debe ser un objetivo prioritario en estos momentos procurar los medios adecuados a aquellos hogares en los que no se dispone del material informático o dispositivos adecuados y suficientes, o conexión a la red de internet, para garantizar a todos los alumnos y alumnas el acceso y disfrute de su derecho constitucional a la educación en igualdad de condiciones que el resto del alumnado que sí dispone de estos medios.

Sin perjuicio de lo señalado, hemos de prestar una singular atención al alumnado con necesidades educativas especiales por el protagonismo que han adquirido las tecnologías de la información y comunicación en su proceso de inclusión educativa. Un alumnado, no lo olvidemos, expuesto aún a mayor vulnerabilidad y a mayor desigualdad en el acceso a su educación en estas circunstancias.

Ciertamente las TIC se han considerado como una herramienta muy valiosa, dado el papel que pueden desempeñar en el desarrollo de una educación flexible e individualizada, evitando las limitaciones de los sistemas tradicionales y ofreciendo un canal más sencillo de acceso a las fuentes de conocimiento y formación, al mismo tiempo que facilitan un aumento de la autonomía, una mejora de la integración social y la comunicación interpersonal del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Y si el acceso a las TIC de este alumnado se muestra imprescindible en una situación de normalidad, ahora se ha convertido en irrenunciable para seguir avanzando en su educación, y no verse afectado por una doble exclusión y marginación.

Conocemos, por los medios de comunicación social, la iniciativa promovida por algunos ayuntamientos, en coordinación con los centros docentes, de facilitar tanto ordenadores o tablets y conexiones a internet para que ningún alumna o alumna se quede atrás. Así, como ejemplo de ello, podemos señalar al Ayuntamiento de Cádiz, o la localidad de El Puerto de Santa María, Lebrija, Las Cabezas de San Juan u Olivares.

Pero estas iniciativas -impagables- no dejan de representar una mínima parte de un problema de gran importancia, tanto cuantitativa -puesto que se cuentan por miles los hogares con niños y niñas en toda Andalucía que no tienen acceso a la enseñanza telemática-, como cualitativa -en cuanto a la calidad de la enseñanza que recibirán aquellos que no cuentan con esta posibilidad-. Nos referimos a que realmente es muy complicado sustituir la formación telemática -lo más parecido a la enseñanza presencial- por otros medios (como pudieran ser la realización únicamente de fichas o deberes escritos) que no permiten el contacto directo con los docentes, y en la que no se pueden exponer y resolver las dudas y dificultades que surgen durante el aprendizaje, por lo que este alumnado no podrá recibir el apoyo que en muchos casos no le puede prestar la familia.

Además de ello, hemos de tener presente las particulares circunstancias de cada familia, y `las dificultades en las que se encuentran para poder ofrecer a su hijos e hijas la ayuda y el apoyo que necesitan. Baste como ejemplo, el que extraemos de un periódico granadino. En esta familia, formada por los progenitores y dos menores, el padre trabaja de sol a sol; la madre, auxiliar de ayuda a domicilio, echa cinco horas de lunes a viernes y algún sábado; los niños, una pequeña de cinco y otro de diez, pasan la mañana con su tía y dedican la tarde a ponerse al día con los deberes de la escuela, para lo que únicamente cuentan con el teléfono móvil de la madre, así que no tienen con qué seguir la rutina escolar. Tienen que turnarse para utilizar el móvil, y a esta falta de material para seguir el día a día de la educación a distancia suman otro problema: ayudar en los deberes, para lo que los progenitores no se encuentran capacitados.

Podemos citar más ejemplos, como el de una familia de Jaén, formada por la madre y sus tes hijos de 4, 8 y 10 años, respectivamente, que van al mismo centro. Para ella, el problema se multiplica, de esta manera, por tres. Esta madre manifiesta que en su casa no dispone de medios para que sus hijos sigan las clases, más que nada, por el mero hecho de que tienen el mismo horario lectivo pero no tres ordenadores. Hasta ahora, ella ha tratado de conseguir las tareas para sus hijos a través del móvil o fotografías, pero con la obligatoriedad de acceder a los libros a partir de ahora, según le han dicho en el centro docente, a través del portal de Anaya manifiesta que no podrá hacerlo. De hecho, ya ha sido clara con la maestra de uno de sus hijos y le ha dicho que no quedará otro remedio que suspenderlo, puesto que no podrá realizar las tareas una vez que éstas tengan que realizarse a través de los libros digitales.

Estos son solo unos de los cientos de ejemplos que podrían traerse a colación y que ilustran las dificultades con las que muchas familias se están encontrando para poder procurar a su hijos e hijas la educación a la que tienen derecho.

En este contexto, hemos de resaltar el protagonismo de la Administración educativa en promover, con celeridad, todas aquellas medidas y actuaciones que sean necesarias para dar una respuesta global al alumnado que no puede continuar con su proceso educativo por no disponer de los medios y herramientas necesarias para recibir las clases online, conforme queda establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma. Para este ingente labor entendemos que resulta necesaria la colaboración de los centros educativos para identificar a los alumnos y alumnas que se encuentran en esta situación, así como la de los distintos ayuntamientos y tejido asociativo para colaborar en la distribución de los materiales que sean necesarios.

Teniendo en cuenta, pues, los antecedentes expuestos, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora de esta Institución, hemos considerado justificado iniciar un expediente de oficio con el objeto de conocer qué medidas concretas se van a implementar por la Administración educativa para evitar la “desconexión” que en este momento sufre el alumnado afectado por las circunstancias descritas, así como las medidas de apoyo que posteriormente va a requerir para no sufrir el desfase en el aprendizaje respecto del alumnado que sí ha tenido acceso a la enseñanza telemática desde el inicio del confinamiento.

En consecuencia, hemos interesado informe a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.