Nos garantizan la defensa del derecho a la educación de los menores sujetos a medidas de responsabilidad penal

A comienzos de 2021 tuvimos noticias de la elaboración y firma de un convenio entre la Consejería de Turismo, Regeneración y Justicia junto a la Consejería de Educación y Deporte para garantizar el acceso a la educación de los jóvenes incluidos en el sistema de justicia juvenil e internos en los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI).

A la vista de tal iniciativa, debemos tener en cuenta que esta Institución de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía (creada por la Ley 4/2021 de la Infancia y Adolescencia) le corresponde velar por la seguridad y bienestar de las personas internas en centros para el cumplimiento de medidas impuestas por Juzgados de Menores y por ello, con fundamento legal en el artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz; en la Disposición Adicional Primera de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor; y artículo 48.2 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de Menores.

Por ello, esta Institución acordó iniciar, de oficio, un expediente de queja a fin de supervisar las actuaciones previstas en el convenio aludido. Gracias a la información recibida con fecha 3 de septiembre de 2021, pudimos analizar con mayor detenimiento los contenidos acordados entre las autoridades educativas con la Consejería responsable de justicia juvenil. En citado convenio, suscrito el 3 de febrero de 2021, se definen varias medidas que podrían destacarse:

- Establecer un grupo de trabajo técnico formado por dos funcionarios de cada Consejería firmante del Acuerdo, se encargara de impulsar, implementar y realizar el seguimiento de las actuaciones que se realicen en el ámbito del Acuerdo, además de los grupos de trabajo formados por las personas de referencia en cada una de las Delegaciones Territoriales competentes.

- Disponer de todos los recursos para el cumplimiento de medidas privativas de libertad dispongan de personal de apoyo para el desarrollo de la actividad docente, complementaria a la realizada habitualmente por la Consejería de Educación y Deporte.

- Los centros de internamiento de menores infractores se datarán de los medios informáticos y tecnológicos necesarios para garantizar el acceso a los recursos digitales del sistema educativo andaluz.

- Se atenderá, a través de la convocatoria de puestos específicos, la disposición de personal docente y las necesidades de recursos humanos estables para una mejor atención a este colectivo.

- Se ha definido la agilizacíón del procedimiento de matriculación, en establecido con las delegaciones territoriales, mediante el sistema de registro informatizado ECO, un protocolo de envío y recepción de expedientes muy efectivo, que acorta considerablemente los plazos de tramitación y resolución de expedientes.

Ciertamente, la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía no puede sino ratificar la oportunidad de estas iniciativas de coordinación y el esfuerzo por avanzar en el mejor desempeño de las responsabilidades de la Consejería de Educación y Deporte con la Consejería en materia de justicia juvenil. De hecho, muchas de las actuaciones que se desarrollan desde esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía se detienen en analizar, precisamente, la efectiva educación ofrecida a los menores internos que deben compaginar el cumplimiento de las medidas acordadas por la autoridad judicial, con la continuidad de su vida educativa.

En el curso de la actividades habituales que se despliegan desde esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, tendremos la oportunidad de analizar la aplicación prácticas de las medidas y mejoras que se expresan en el convenio analizado. En concreto, deberemos persistir en el funcionamiento de los servicios responsables de asignar las funciones de coordinador provincial y plazos previstos para su designación; previsiones de aplicación en los Centros de los recursos técnicos y materiales para alcanzar las capacidades de conectividad y aprovechamiento de las actividades educativas; acciones de coordinación con los órganos judiciales para adecuar las medidas judiciales acordadas y su compatibilidad con las previsiones recogidas en el convenio; o conocer los proyectos elaborados para identificar las variedad de acciones conveniadas y sus calendarios de ejecución.

Con todo ello, debemos valorar el sentido de la queja de oficio debidamente atendido a cargo de la Consejería de Turismo, Regeneración y Justicia, junto a la Consejería de Educación y Deporte, y procede concluir las actuaciones emprendidas, manteniendo las medidas de seguimiento y comprobación que resulten necesarias en le marco de las funciones institucionales de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía para garantizar el derecho a la educación de los menores sujetos a medidas de responsabilidad penal.