Le pedimos a la Administración que resuelva sin más demora su solicitud por dependencia

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El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Sevilla por la que recomienda que sin más dilación se ponga término al procedimiento de dependencia de la interesada, dictando la Resolución oportuna.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de junio de 2019 se recibió en esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz comunicación en la que la promotora de la queja, de 82 años de edad, expone ante esta Institución que en junio de 2016 solicitó la ayuda de dependencia, no habiendo recibido ninguna notificación.

Añadía que en febrero de 2019 le dijeron desde los Asuntos sociales de Lebrija que su solicitud de dependencia estaba denegada desde julio 2016 y que ya se había pasado el plazo para reclamar. Por ello, el 19 de febrero de 2019 volvió a pedir una nueva valoración, estando en la actualidad a la espera de su resolución.

Refiere la interesada que ni siquiera ha sido valorada, si bien el 13 de junio de 2019 se realizó por el centro de salud el informe de condiciones de salud que, por tanto, ya obra en el expediente.

2. Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que, en septiembre de 2020 comunicó que se había asignado a la afectada personal valorador, que contactaría telefónicamente con ella para fijar la fecha de la cita, tras lo cual se procedería a dictar resolución concluyendo procedimiento.

3. Puesto que la interesada refería que precisaba ayuda externa, dada su avanzada edad procedimos a dirigirnos al Ayuntamiento de Lebrija, que en su primer informe explicó que se le estaba prestando el Servicio de Ayuda a Domicilio municipal, así como que aquélla tenía varios hijos como red de apoyo familiar. En una segunda comunicación, concluyó que revisado el grado de dependencia de la interesada, el PIA, consistente en la propuesta del Servicio de Ayuda a domicilio, fue elaborado el 22/01/2020 y registrado de entrada en la Delegación Territorial correspondiente el 11/02/2020, estando por ello pendiente de aprobación.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley del procedimiento administrativo común, con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente de la interesada, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal antedicho, sin que haya tenido lugar la efectividad de su derecho mediante el dictado de la Resolución que apruebe la propuesta de ayuda a domicilio prescrita en el PIA.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el mismo sentido que el anterior.

- El artículo 21, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos. Y, en relación con el mismo, el artículo 20 de la misma Ley, anteriormente citado.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin más dilación se ponga término al procedimiento de dependencia de la interesada, dictando la Resolución oportuna.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz