El Defensor del Menor

El Defensor del Menor de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

Defensor del Menor

Contáctanos

Ayuda
Visitamos tu ciudad

La oficina de atención ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estuvo en la Serranía de Ronda (Ronda y Algatocín) y Casares en Málaga, los días 3, 4 y 5 de julio de 2019

La oficina de atención ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estuvo en la Serranía de Ronda (Ronda y Algatocín) y Casares en Málaga, los días  3, 4 y 5 de julio de 2019

RELATO DE LA VISITA A LA SERRANÍA DE RONDA (RONDA Y ALGATOCÍN) Y CASARES

Hemos atendido a la Ciudadanía, Asociaciones u otras agrupaciones ciudadanas, Equipos de Intervención SocialRepresentantes Políticos y Medios de Comunicación, en las ciudades de Ronda, Algatocín y Casares.

En la Serranía de Ronda hemos dado cobertura a los municipios de Ronda, Cortes de la Frontera, Jimera de Libar, Montejaque, Igualeja, Cartajima, Faraján, Júzcar, Parauta, Pujerra, Algatocín, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Montecorte, Arriate, Benaoján, Gaucín, Genalgaucil, Jubrique y Benarrabá.

El miércoles 3 de Julio, en Ronda,  atendimos en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Ronda (Calle Monte, 52). 

 

 

 

 

 

 

 

El jueves 4 de julio, en la ciudad de Algatocín la Oficina de Información y Atención Ciudadana se ubicó en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Algatocín (Calle Plazoleta, 5).

 

 

 

En la ciudad de Casares, el viernes 5 de julio, la Oficina de Información y Atención Ciudadana se situó en el Centro de Servicios Sociales, en el Nuevo Edificio de Calle Camachas.

 

 

 

 

La Ciudadanía: Atendimos diversos problemas entre los que destacamos los siguientes: 

EN RONDA, MIÉRCOLES 3 DE JULIO

Priman los temas urbanísticos entre las consultas de los vecinos. Uno de los reclamantes nos expone la problemática que afecta a la urbanización El Rosalejo de esa población, como por ejemplo la aplicación de la tasa por la prestación del servicio de depuración de aguas residuales.

 

 

Una vecina nos informa de los problemas de acceso a su vivienda como consecuencia de las riadas producidas el pasado mes de octubre.

 

 

 

Y también de tema medioambiental,…

 

 

 

 

Otra de las atenciones estuvo relacionada con un caso de acoso escolar.

 

EN ALGATOCÍN, JUEVES 4 DE JULIO

Nos denuncian que una banda de música no consigue la cesión de un local para ensayar por parte del Ayuntamiento de Algatocín.

 

 

 

 

Unos vecinos acuden a la Oficina porque no pueden regar en una zona sin acceso de agua.

 

 

 

 

Su familia tiene una casa en Gaucín y han recibido un burofax de un despacho de abogados solicitando la retirada de una tubería situada en una parte de su casa. Han acudido a catastro y han comprobado que se ha dividido la finca y se ha producido un cambio de titularidad catastral. Han acudido al Ayuntamiento de Gaucín para que les expliquen qué ha sucedido pero no han obtenido respuesta.

Otro vecino considera desacertados los criterios de la Seguridad Social tras trabajar en una Consejería. Una madre nos  denuncia abusos sexuales a su hija por otros jóvenes. Otra vecina plantea necesidades educativas especiales. También hay consultas sobre la bolsa de empleo del SAS, sobre las amenazas por carta recibidas por su hija y por si procede queja ante el Ayuntamiento tras una caída en vía pública en Sotogrande, denegada por el Ayuntamiento de San Roque y en los tribunales.

EN CASARES, VIERNES 5 DE JULIO

Atendemos tres consultas. Sobre seguridad social, dependencia y retraso en una operación quirúrgica.

 

Las Asociaciones y otras agrupaciones Ciudadanas:

EN RONDA, MIÉRCOLES 3 DE JULIO

Mantenemos una reunión con la plataforma de salud pública y la5 plataforma de defensa de las pensiones de la comarca. 

Nos plantean una serie de reivindicaciones relativas a la atencion sanitaria y social de la comarca de la Serrania de Ronda.

Plataforma creada en el año 1998 por profesionales, usuarios y sindicatos ante el deterioro y las graves deficiencias del edifico del viejo hospital comarcal de la Serrania de Ronda. El hospital nuevo se abrio en abril de 2017, tras muchas dilaciones.

Es un único hospital público de agudos para la comarca de la Serrania que abarca 37 poblaciones, 26 de Málaga y 11 de Cadiz, un total de 112.000 habitantes. Con una población muy envejecida y una baja renta per capita. Las distancias entre el hospital comarcal y los hospitales regionales de referencia se tarda más de 1 hora y media.

El Nuevo Hospital posee unas magnificas instalaciones, bien dotado tecnológicamente y atendido por excelentes profesionales. pero con muchos eeorres en la distrubición y en la dotación. Pero quedan muchas cuestiones pendientes: Acceso a las instalaciones para peatones y personas con discapacidad. Falta de un segundo acceso para vehiculos a motror. Falta de plazas para aparcamientos. Mejora en las lineas de autobuses.Mejor reorganización del area de neonatologia, que se ponga cerca de paritorios. Problemas con la ubicación del area de pediatria.

Mejorar las listas de esperas, tanto en consultas externas como quirofanos. Incentivos a la contratación de todos los estamentos. Ampliación de plantillas. Falta de camas para salud mental. No estan de acuerdo con la privatización de servicios no sanitarios.

Mejoras en la Atención primaria, Instalación de una base permanente del SAMU, Mejora en los tiempos de atención por paciente.

Intentar que el viejo hospital ya en desuso, se pueda convertir en un centro hospitalario publico sociosanitario. (Hospital de dia, residencia asistida)

Necesidad de residencias geriatricas. Presentan Queja.

 

Con las asociaciones conocemos a la asociación de Ayuda a la Drogadicción Arde, que nos trae un caso particular de una familia con un hijo enfermo, y con la asociación de familiares afectados por enfermedades mentales, así como con plataformas de voluntariado.

Nos plantean un tema parecido al que nos trasmite el alcalde. Un chaval, con adicciones que ahora amenaza con matar a gatos y tienen miedo que agreda a alguien.

 

 

 

Nos reunimos también con una Asociación de vecinos, que no consiguen que le recepcionen la urbanización. Presentaran queja.

 

También nos desplazamos al centro de servicios sociales M. Shenn para entrevistarnos con la asociación de vecinos La Dehesa y la asociación Aopa de padres, madres y tutores y tutoras de personas con TEA-TGD, que representa a unas 140 familias en la ciudad.

 

EN ALGATOCÍN, JUEVES 4 DE JULIO

Atendemos a los responsables del proyecto Engloba, que trabajan con menores inmigrantes no acompañados en Cortes de la Frontera. Nos trasladan problemas para conseguir autorizaciones de trabajo una vez los niños y niñas tengan mayoría de edad.

 

 

 

 

 

También nos reunimos con la asociación Montaña y Desarrollo de la Serranía de Ronda, que trabaja con menores, personas con discapacidad, menores y mayores, por la sostenibilidad de la dehesa…

 

 

EN CASARES, VIERNES 5 DE JULIO

Hablamos y creamos conexiones con la asociación de Mujeres Crecina de Villaragur, Ecologistas en acción, Ampa del colegio Blas Infante, la asociación Botikaeducassalus, asociación de empresarios de Casares.

 

 

 

También nos reunimos con laPlataforma Sierra Bermeja Parque Natural que solicitan que se reconozca  como parque nacional a Sierra Bermeja. 

 

 

 

 

 

 

 

Los Equipos de Intervención Social: 

Durante la visita a la comarca de la Serranía de Ronda y Casares nos reunimos con los miembros de los equipos de SSCC que cubren las zonas correspondientes a las localidades de Ronda, Algatocín y Casares.

En todos los contactos, la reunión giró en torno a dos finalidades concretas, a saber: conocer las necesidades y deficiencias que afectan a los profesionales que conforman los servicios sociales en cuestión y, desde un punto de vista más sustantivo, interesarnos por las dificultades detectadas en las diferentes prestaciones y recursos públicos en cuya tramitación intervienen aquéllos, esencialmente dependencia, renta mínima de inserción social, discapacidad, familia numerosa y menores.

I. SSCC RONDA

La ciudad de Ronda es un municipio cercano a los 34.000 habitantes según datos publicados por el INE en 2018 (exactamente 33.978), lo que a los efectos que nos interesan, implica que el Ayuntamiento ha de asumir la prestación de servicios sociales, ejerciéndola como competencia propia (artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local).

El Ayuntamiento de Ronda cuenta por ello con su propia dotación de SSCC que, dentro de la estructura de la organización consistorial, dependen de la Delegación de Bienestar Social y dan cobertura a la población por zonas diferenciadas, con un total de 4 U.T.S., cada una de las cuales está a cargo de un trabajador o trabajadora social.

La plantilla total de los SSCC la integran 20 personas, que comprenden un jefe de servicio y empleados públicos de distintos perfiles profesionales.

1. Deficiencias del Servicio:

  1º. Durante el curso de la reunión los profesionales asistentes pusieron de relieve carencias en el desempeño de su función, que se concretaron en las siguientes:

  • Insuficiencia estructural de personal: al no haber ido acompañado el incremento de funciones que se residencian en los SSCC, como puerta de entrada a todas las prestaciones y recursos de este ámbito, con un incremento de la plantilla acorde a tal aumento.

  • Falta de cobertura de las bajas que acaecen en la plantilla ordinaria.

  • Equipos informáticos obsoletos.

  2º. Comunicación SSCC-Junta de Andalucía: los profesionales destacaron la inexistencia de vías adecuadas y reales de información con los servicios de la Junta de Andalucía competentes en determinadas prestaciones y recursos, de manera que ello les imposibilita ofrecer una adecuada orientación e información a la ciudadanía y, en ocasiones, les impide iniciar o impulsar alguna solicitud de la que pudiera beneficiarse la persona afectada.

 

2. Prestaciones y recursos de servicios sociales:

  1º. Renta Mínima de Inserción:

En lo que a atañe a la renta mínima de inserción, se destacó que la tardanza en resolver un expediente (se entiende siempre que de los que se tramitan a través de los SSCC) no es inferior a un año cuando el procedimiento es el ordinario; resolviéndose únicamente en plazo, con plan de inclusión sociolaboral incluido, aquellas solicitudes en las que existe una persona menor en situación de urgencia o emergencia.

La demora aludida se traduce, a su vez, en que el derecho se reduce a una mera prestación que se abona de una sola vez (no de mes en mes) y que lleva a la renovación simultánea de la renta, sin opción a plan de inclusión sociolaboral.

En cifras, refieren que desde el inicio de vigencia del Decreto-ley 3/2017 han tramitado 259 solicitudes, de las cuales:

  • Grabadas: 96.

  • Inadmitidas (por no haber transcurrido el período de carencia de un año desde el salario social): 17.

  • Concedidas: 45.

  • Desestimadas: 35.

  • Archivadas: 8.

  • Requerimientos de subsanación: 33.

  • En trámite: 7.

  • Renovaciones: 18.

En la problemática que ha rodeado la implantación de la renta mínima, aluden a la que radica en los propios SSCC, que es la de la necesidad de reforzar el programa con personal, dado que únicamente contaron con un trabajador social de refuerzo durante cuatro meses (que ya no está) y con un administrativo durante seis meses.

En este momento, el refuerzo se está acometiendo a través del personal destinado a ERACIS (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social adoptada para la Intervención en Zonas desfavorecidas), que se encarga de los requerimientos y de los planes de intervención.

  2º. Dependencia:

Respecto al Sistema de la Dependencia nos ofrecen una visión similar, aduciendo por lo que atañe a la propuesta de PIA que a los SSCC compete, que la tardanza que les afecta está determinada por el desequilibrio entre número de solicitudes y personal del servicio.

Siguiendo el itinerario del procedimiento, nos trasladan las siguientes demoras:

  • Valoración de la situación de dependencia: 9 meses.

  • Aprobación del recurso propuesto en el PIA: plazo variable en función del tipo de recurso propuesto: para el SAD suele ser 1 año; y para el SAR un año y dos meses desde la validación, destacando en este sentido que la referida validación se efectúa desde la Junta en un tiempo que excede de los 4 meses.

Tratándose de las deficiencias de recursos concretos, aluden al SAR, para indicar lo siguiente:

  • No existe en Ronda ninguna Residencia pública ni privada con plazas concertadas para persona mayores, sino en pueblos de la zona.

  • En cuanto a la gestión de plazas residenciales para dependientes mayores, en la provincia de Málaga sí se permite que la persona en situación de dependencia pueda optar por obtener plaza en una Residencia concreta, siendo incluido para ello un la correspondiente lista de espera.

  • En contrapartida, destacan la insuficiencia de plazas residenciales destinadas a perfiles específicos de discapacidad y ejemplifican con una persona interesada afectada por autismo cuyo nombre citan.

  3º. Discapacidad:

Denuncian que el EVO tarda más de un año en citar a la persona solicitante de su reconocimiento, a efectos de valoración. A lo que hay que sumar el tiempo posterior hasta recibir la resolución.

  4º. Mayores y menores:

Respecto del Teléfono de atención al mayor, lamentan que las alertas que se realizan al mismo únicamente sirvan para que desde la Junta de Andalucía pidan informes y documentación reiterada y periódica a los SSCC, generando con ello un trabajo estéril.

También la Fiscalía, en procedimientos de menores, les pide un informe cada 3 meses, de manera que no han terminado de evacuar el último cuando ya ha llegado la siguiente petición, con el consiguiente entorpecimiento del trabajo.

  5º. Otras cuestiones:

Concluyen destacando los problemas de las personas usuarias para obtener el pago de las ayudas al alquiler de la Junta de Andalucía, el impago de las ayudas por parto múltiple y los retrasos en la tramitación del título de familia numerosa.

También aluden, en lo que atañe a adicciones, al programa destinado a este fin (Ciudades ante las Drogas), que convoca subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, objetando que no es posible conocer de antemano su financiación ni la fecha en que saldrá y que al no abonarse por transferencia directa impide planificar actuaciones.

 

II. SSCC DIPUTACIÓN DE MÁLAGA ZONA DE Trabajo Social de Serranía

La Zona de Trabajo Social de Serranía, depende de la diputación de Málaga, y esta conformados por los municipios de Cortes de la Frontera, Jimera de Libar, Montejaque, Igualjea, Cartajima, Faraján, Júzcar, Parauta, Pujerra, Algatocín, Apandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Montecorte, Arriate, Benaoján, Gaucín, Genalgaucil, Jubrique y Benarrabá.

1. Deficiencias del Servicio:

  1º. Movilidad e incentivos a la estabilidad: El personal pertenece a la Diputación, está asignado a una zona dentro de la Serranía que comprende varios municipios y nos traslada como su principal preocupación la importante movilidad de profesionales, debido a las características orográficas de la zona, que la hacen poco atractiva como destino permanente.

En este sentido consideran que los destinos en zonas rurales de difícil cobertura, deberían incentivarse para mejorar su atractivo y propiciar la estabilidad del personal.

  2º. Comunicación SSCC-Junta de Andalucía: también en este contacto los profesionales manifestaron espontáneamente su incomunicación con los servicios de la Junta de Andalucía competentes en materia de PNC, familia numerosas, dependencia y renta mínima, indicando que no conseguían contactar telefónicamente, que cuando lo hacían no recibían el apoyo y la información precisa en su condición de trabajadores sociales, es decir, de profesionales prestando un servicio y que tampoco contaban con un correo profesional para evacuar las cuestiones necesarias. Lo que, en definitiva, les vedaba el ejercicio de su función en detrimento de la ciudadanía.

 

2. Prestaciones y recursos de servicios sociales:

  1º. Renta Mínima de Inserción:

En lo que atañe a esta prestación, las trabajadoras sociales refirieron las dificultades que siguen:

  • Falta de personal que permita atender la demanda: de hecho, contaron con un único refuerzo para la renta mínima, que ya ha desaparecido.

  • Desde su zona no pueden acceder al programa informático.

  • En las solicitudes ha llegado el tiempo de la renovación sin contar con resolución estimatoria (retrasos).

  • No existen planes de inclusión sociolaboral ni coordinación con el SAE, por lo que la población se está acomodando a una situación que va a cronificarse. Es importante tener en cuenta que en esta zona el plan de intervención no puede prosperar si precisa de un desplazamiento a Ronda, ya que a la escasez de recursos económicos se une la falta de transporte para ir al SAE.

  2º. Dependencia:

Como es usual, enseguida se plantea el problema de las demoras, tanto en la valoración de grado, como en la asignación de recurso, considerando los profesionales que dentro de los retrasos se han priorizado los PIA de los grados II y III, relegando a los dependientes moderados y, en cuanto a los recursos, destacando que no hay Residencia para mayores ni UED. Subrayan el desenvolvimiento irregular del Sistema, que a veces se mueve y otras se estanca, sin un funcionamiento regular.

■ Tratándose de la valoración afirman que la demora está en torno a 6 meses y resaltan que en este retraso tiene mucho que ver la emisión del informe de condiciones de salud por el SSPA y su remisión a la Delegación Territorial.

Consideran igualmente que los criterios empleados para la valoración son muy bajos y que en muchas ocasiones no se corresponden con la situación real de la persona, de tal modo que ellos se cuestionan sorprendidos, en no pocas veces, cómo es posible un resultado tan pobre para alguien cuyas limitaciones pueden constatar. Por eso apuntan a que en la valoración se tomen en cuenta criterios adicionales, que se consignen en un informe del entorno que refleje los factores sociales (es decir, los apoyos con que cuenta o de los que carece cada persona).

■ En cuanto al recurso, afirman que las demoras en la asignación están en función de cuál sea el propuesto, ya que consideran que el reconocimiento dentro de cada modalidad avanza o no en función de la asignación presupuestaria que tengan prevista para cada una (dice que supone que va por partidas, a razón de tantos para SAD, tantos para SAR, etc).

Descendiendo a los recursos concretos, sale a colación la situación de los dependientes de Grado I (dependencia moderada), expulsados del Sistema hasta julio de 2015 y después “engañados” con el STA que, a la postre, suponía asignar como recurso un servicio del que las personas mayores ya disponían al margen del Sistema de la Dependencia. Esta práctica produjo muchas dificultades a las trabajadoras sociales, incapaces de explicar a personas que llevaban años aguardando su efectividad, la razón por la que este derecho se truncaba una vez más.

Aunque en este momento se ha abierto la posibilidad de que los dependientes moderados accedan a otros recursos del catálogo, afirman los profesionales de servicios sociales que en el programa Netgefys está topada la intensidad del SAD, de manera que únicamente pueden prescribir 10 horas/mes aunque el máximo normativo sea de 22 horas. Ello les granjea problemas especialmente con los dependientes moderados que ya se benefician del SAD por la vía del plan concertado de la Diputación, puesto que al cambiar al del Sistema de la Dependencia pierden horas.

Proponen por ello que tratándose de personas dependientes que ya perciben el SAD por la vía del plan concertado, se permita reflejar esta situación en el diagnóstico social de la propuesta de PIA, con la finalidad de que la intensidad del SAD de la Dependencia respete al menos las horas del servicio previo hasta el máximo de 20 (aludiendo como ejemplo a la equiparación de la IPT con el 33% de discapacidad).

Los profesionales aluden a continuación al SAR, para destacar la insuficiencia de plazas para personas mayores (únicamente cuentan con Residencia Arriate y Faraján), habiendo lista de espera para poder beneficiarse de este recurso.

Finalmente tratamos de la PECEF, que en los orígenes de la Ley 29/2007 se erigió en la prestación tipo y cuyo abuso condujo posteriormente a sus contornos de excepcionalidad, que sin embargo está resurgiendo para proliferar a instancias de la propia Administración autonómica, al margen de las cautelas y exigencias legales que limitaron su reconocimiento. Nos refirió el personal de los SSCC que la Junta de Andalucía ya no les exige para prescribirla ni justificar las circunstancias de excepcionalidad que justifican su idoneidad en el caso concreto, ni el período previo de un año de empadronamiento a la fecha de la solicitud (de hecho, basta con que el empadronamiento se efectúe, al margen de su data).

Transparencia e información: destacó una trabajadora social la falta de transparencia que preside el Sistema de la Dependencia, que impide a la ciudadanía acceder a la información esencial de su expediente y recibir una respuesta acerca del mismo, ni por teléfono ni por ninguna otra vía.

Servicios de proximidad: En la reunión mantenida se planteó la conveniencia de que todos los servicios públicos de la Administración (local, autonómica o estatal), se organicen conforme al principio de proximidad, de tal modo que sean los servicios los que se acerquen al ciudadano y no a la inversa.

Se habló así de itinerancia de la Administración para dar cobertura a una población aislada geográficamente, sin recursos y/o sin posibilidades de desplazamiento por razones de edad, estado o carencia de una red adecuada de transporte público.

 

III. SS DEL AYUNTAMIENTO DE CASARES Y SSCC DIPUTACIÓN DE MÁLAGA EN CASARES

Los 6.121 habitantes registrados en los datos del INE a 2018 con que cuenta la localidad de Casares, disponen de servicios sociales por partida doble, a saber: de los organizados por el Ayuntamiento en el ejercicio de su potestad y, por otro lado, como municipio de población inferior a 20.000 vecinos, de los SSCC que preceptivamente asume la Diputación Provincial de Málaga, conforme a la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

En la visita a dicho municipio mantuvimos contacto directo con profesionales integrantes de ambos, por separado, resultando que si bien en algunos aspectos la intervención de los municipales complementa a los SSCC de la Diputación, en otros se circunscribe a complementar las gestiones competencia de los segundos, como queda reflejado en los asuntos abordados en el curso de cada una de las reuniones, que a continuación reflejamos.

 

1. SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE CASARES

Son 3 las trabajadoras sociales que conforman los servicios sociales dispensados por el Ayuntamiento de Casares, (a los que se une un profesional en el Banco de Alimentos), cuyas zonas de actuación se ramifican igualmente en tres: Casares pueblo, Casares costa y Secadero.

  1º. Servicios municipales:

Comienza la exposición con la referencia al Programa Municipal de Inserción Social, que se incardina dentro del marco de las ayudas sociales municipales aprobado por el Pleno del Ayuntamiento y que comprende cuatro líneas de actuación, consistentes en:

  • La Ayuda Económica a Familias (única regulada por una Ordenanza).

  • Bonificaciones a talleres municipales.

  • El Banco de Alimentos.

  • Y la Inserción laboral, que comprende la inclusión del CV en una bolsa de trabajo externa, plan de formación municipal con cursos de formación y empleo.

El Programa Municipal de Inserción Social requiera la previa valoración de la situación de la familia solicitante, básicamente de parámetros como el número de miembros que la integran, sus gastos, etc. y en base al nivel de riesgo se opta por intervenir con uno u otro recurso.

Los servicios sociales aluden a la prestación de programas diversos en el municipio:

  • Programa de prevención de drogas.

  • Programa de mayores.

  • Programa de formación.

  • Actuaciones en materia de ocio y tiempo libre.

  • Intervención a favor de la conciliación a través de un campamento prácticamente gratuito que tiene establecido un importe simbólico.

  • Y, por último, al comedor social que desde hace 10 años presta el servicio de comidas a domicilio, que comprende un copago máximo de 60 €/mes, destinado a personas mayores de 65 años o de menor edad en situación de dependencia o discapacidad y que sirve de lunes a viernes. Cuenta actualmente con 50 usuarios en Casares pueblo y 10 en Secadero.

  2º. Labores de complemento en la gestión de prestaciones propias de los SSCC:

Las trabajadoras sociales del Ayuntamiento también asumen la prestación de ayuda a la ciudadanía colaborando en la tramitación de prestaciones y recursos cuya gestión compete a los SSCC, realizando en este sentido tareas administrativas que no requieren de una valoración técnica, como solicitudes de discapacidad, tarjeta 65, título de familia numerosa, informes de arraigo y ayudas al alquiler, entre otras.

A través de este cometido han detectado las deficiencias que en cada caso nos trasladan:

Familia Numerosa:

  • Demora en la expedición del título.

  • Validez amplia.

  • Renovación: debido a los retrasos la tarjeta llega caducada y tienen que volver a tramitar una renovación.

Discapacidad:

  • Los retrasos alcanzan el año.

  • Resulta imposible contactar con el EVO de Málaga por teléfono.

Dependencia:

  • Demoras en la valoración de la situación.

  • Demoras en la efectividad.

  • A los dependientes de Grado I no les llega el recurso.

  • SAD urgente: la Diputación asume la prestación del SAD que reviste carácter urgente, en defecto del que corresponde por el Sistema de la dependencia y, aunque el primero tarda menos que el segundo, también se demora obligando al Ayuntamiento a asumirlo con medios propios.

Ayudas al alquiler:

  • Retrasos: ahora se están pagando las de 2017.

  • Plantea una duda técnica surgida al hilo de la última convocatoria de estas ayudas, que dice que se abrió por 3 años, preguntándose qué ocurre con aquellas personas que en el período de esos 3 años alquilan fuera del plazo de solicitud fijado en la convocatoria. Pide asesoramiento en este punto.

Renta Mínima de Inserción:

Los retrasos en la Renta Mínima son solventados por el Ayuntamiento a través de la Ayuda Económica a Familias de carácter municipal.

■ Decreto 1/2015, de 17 de febrero, de solidaridad y garantía alimentaria (1) garantía alimentaria; 2) suministros vitales; 3) ayuda a la contratación): permitía una respuesta rápida con el informe favorable de los SS, dotando al Banco de Alimentos y actuando en los cortes de suministro. Fue derogado por el Decreto-ley 3/2017 y las profesionales consideran que era muy útil y debió mantenerse.

Violencia de Género:

Las situaciones de violencia de género son abordadas por los SSCC, pero dependen del servicio provincial que se encuentra en Málaga, que está lejos del municipio.

Por eso aunque muchas mujeres acuden a Estepona, desde su centro-mujer las atienden pero las derivan a Málaga, sin que en ocasiones tengan cómo desplazarse.

Atención de los SSCC:

Por último, explican la distribución en 3 núcleos de población de Casares (pueblo, costa y secadero), para destacar que en Casares Costa los SSCC no prestan atención directa a los usuarios, que de este modo deben desplazarse a Casares pueblo o a Manilva, lo que es inviable para quienes carecen de recursos.

Propone que los SSCC se desplacen una vez al mes a Casares Costa para prestar atención directa.

 

2. SSCC DIPUTACIÓN DE MÁLAGA EN CASARES

La plantilla total de los SSCC procedentes de la Diputación de Málaga está compuesta por 14 personas de diferentes perfiles profesionales, que dan cobertura a un total de 8 municipios, entre los que se encuentra Casares, con dos centros físicos:

  • 9 trabajadores sociales, incluido un técnico de apoyo y el Director.

  • 1 técnico superior.

  • 1 educadora.

  • 1 psicólogo.

  • 1 administrativo.

  •  

1. Deficiencias del Servicio:

1º. Esencialmente la carga de trabajo, que les impide hacer un trabajo de prevención, limitándose a resolver problemas.

2º. Inexistencia de ratio: explican que no existe una definición en la Junta de Andalucía sobre la ratio de personal, ya que lo previsto es un trabajador social por una horquilla desde los 1.000 hasta los 100.000 habitantes. Debería precisarse la ratio conforme a una conjugación de diversos criterios, además del volumen poblacional.

 

2. Prestaciones y recursos de servicios sociales:

  1º. Renta Mínima de Inserción:

Nuevamente sale a colación el retraso en la tramitación de solicitudes, manifestando que únicamente salen adelante las que se encauzan por el procedimiento urgente, que se resuelven en el plazo de dos meses establecido para el ordinario; mientras que las ordinarias alcanzan un año de demora.

Descendiendo a una mayor especificación, conocemos que pasan meses hasta que la solicitud es grabada en la Junta de Andalucía (como ejemplo se cita una solicitud del mes de noviembre, grabada en marzo del año siguiente).

En cuanto al refuerzo de personal en este aspecto, existió uno en 2018 limitado a cuatro meses y hasta septiembre del año en curso no se incorporará un trabajador social y un administrativo por zona de transformación social.

  2º. Dependencia:

Valoración:

  • La valoración de la situación de dependencia se demora por un plazo no inferior a 6 meses.

  • El resultado de la valoración no refleja las verdaderas limitaciones de la persona en ocasiones debido a dos razones: la subjetividad del instrumento de valoración y las restricciones a la presencia de algún familiar en su práctica, sin tener en cuenta que muchas personas mayores tienden a no reconocer la merma de sus facultades.

Recursos:

  • SAD: Importantes demoras desde que se dicta la resolución hasta su notificación y activación en Netgefys.

  • PECEF: en los momentos actuales se ha retornado a su prescripción, debido a la existencia de una importante lista de espera en el acceso al SAD. Ello está determinando que la Administración autonómica ni siquiera exija el requisito del empadronamiento.

  • Insuficiencia de plazas residenciales para perfiles específicos.

  • SAR: No existen Residencias cercanas a la localidad, las más próximas se encuentran en Marbella y Fuengirola.

  • FISCALIZACIÓN SAD (CLECE): El SAD se presta a través de CLECE, contrato adjudicado de forma centralizada a nivel provincial desde la Diputación de Málaga. Existen 49 en alta por el plan concertado y 302 por dependencia, en este momento. Mientras a los trabajadores sociales de la Diputación les corresponde el control de las altas y bajas en el servicio, las incidencias de su prestación al usuario se gestionan por estos con la empresa de forma interna. Ello se traduce en que la Diputación no hace un seguimiento de las incidencias del SAD. Por lo demás, aunque el programa de fiscalización de la Junta es cumplimentado por sus administrativos, los trabajadores sociales tienen que meter físicamente los datos.

3º. Ayuda económica a familias:

Aflora la regulación de la ayuda económica a familias a través de la Ley General de Subvenciones y la Ordenanza municipal en Casares, destacando la duplicidad del Ayuntamiento.

4º. Menores:

Del mismo modo que se resaltó en Ronda, los profesionales de los SSCC destacados en Casares, refieren que desde la Fiscalía se les requieren informes reiterados en materia de menores, de carácter semestral, sin que en contrapartida motiven los mismos la adopción de medida alguna.

 

Representantes Políticos:

En el  Salon de la Juventud de Algatocín. Preside el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, junto a la directora de Servicios Sociales de Algatocín de  la Diputación Provincial de Málaga, Ana Celia González y el alcalde de Algatocín, José Manuel Carrasco. Asisten los alcaldes o representantes municipales de Ronda, Cortes de la Frontera, Benalauría, Cartajima, Genalguacil, Casares, Gaucín, Jimera de Líbar, Igualeja y Júzcar.

Mantenemos una reunión con alcaldes y alcaldesas de la comarca con el fin de mantener un contacto personal y que nos puedan hacer llegar todos aquellos asuntos que consideren de su interés.

Temas tratados:

La Andalucía vaciada: En esta comarca existe una gran la dispersión. “Somos un pueblo de 8.000 habitantes repartidos en 23 municipios”, dicen. Las comunicaciones son “penosas”, relatan, lo que dificulta la atención sanitaria y el desarrollo económico y social. Se quejan además de que los presupuestos primen la población y no tengan en cuenta el territorio. “La Administración tiene que invertir o los pueblos se quedan vacíos”, solicitan. El Defensor del Pueblo expone el interés de la Institución en acometer en Andalucía un estudio sobre la despoblación y adelanta que se presentará un informe sobre las personas mayores de 65 años que viven solas.

Sanidad: Se quejan de que no existe un equipo médico de urgencias desde las 15:00 a las 9:00 de la mañana siguiente. Lo denuncia el alcalde de Jimera de Líbar y se suman otros alcaldes. El médico está en Atajate, el Ats en Cortes de la Frontera y la ambulancia en Benaojan. Al estar tan disperso, se pierde mucho tiempo en la atención, y en algunos pueblos optan por acudir directamente a Ronda, donde se encuentra el hospital comarcal, a pesar de que los trayectos rondan la hora y media en carreteras de montaña. Denuncian que son el único punto de Andalucía donde no existe un punto de urgencias específico. Proponen equipo de urgencias las 24 horas. El alcalde de Casares, que asiste a la reunión, expresa que su Ayuntamiento presupuesta 300.000 euros al año para tener un equipo médico de urgencia las 24 horas, encontrándose a media hora de Estepona, por la ausencia de un punto específico en la localidad.

También en el área de sanidad, el alcalde de Jimera de Líbar relata la situación creada en el municipio por la convivencia con un enfermo mental cuando entra en crisis y la impotencia como alcalde ante el médico, la Guardia Civil o el juez, que no pueden impedir estas conductas incívicas. El Defensor del Pueblo andaluz se compromete a estudiar la petición de un protocolo que coordine que hacer en estos casos cuando una persona en estas condiciones altera la convivencia de un pueblo.

Comunicaciones: Los alcaldes de esta comarca denuncian la situación creada por Adif en la conexión ferroviaria. En primer lugar, aseguran que los vagones de la línea Algeciras Bobadilla son los polémicos que se rechazaron en Extremadura y que se han producido dos incendios en este enclave natural. Con las riadas del pasado otoño, estuvieron nueve meses y medio sin conexión ferroviaria. En segundo lugar, se quejan de que solo existe una línea por la mañana y solicitan al menos una más por la tarde. “Queremos que venga la gente a los pueblos, porque las carreteras son como son”, expresan.

Sobre este aislamiento, habla el alcalde Genalguacil. En sus 35 kilómetros tiene tres puentes y el derrumbamiento de uno de ellos provocó que un hombre estuviese días incomunicado. En este valle del Genal, de norte a sur hay más de una hora en coche. El autobús no pasa por la carretera de Genalguacil a Estepona por su mal estado y, cuando llueve, se corta.

Habla también de que no se ha transferido el dinero el dinero del Gobierno central a las diputaciones de las ayudas por las inundaciones de 2006 y, además, propone descentralizar, con oficinas comarcales y técnicos locales para frenar la despoblación. “Que los recursos no se pongan todos en las ciudades, sino en los pueblos, y sean los jóvenes los que tengan que alquilar casas aquí y no al revés”, señala.

Medio Ambiente y Desarrollo: El alcalde de Genalguacil también habla de que la propuesta de convertir en parque nacional a la Sierra de las Nieves excluye a Sierra Bermeja, cuando ocupa un 40% de este parque. Solicita un reconocimiento nominativo.

Este alcalde se queja también de que Genalguacil tiene el proyecto de convertirse en pueblo-museo con la participación de artistas reputados y ni Diputación ni Junta de Andalucía se “vuelcan” en el proyecto.

Sobre desarrollo local, el alcalde de Cortes de la Frontera habla también de que no se puede acceder a la convocatoria de escuelas taller porque no han previsto alguna para estos municipios.

Exclusión financiera: Son compartidas por la mayoría de los alcaldes las consecuencias por el cierre de las oficinas bancarias y la designación de agentes comerciales que pasan por sus municipios, una medida insuficiente sobre todo para las personas mayores. Se narra que la alcaldesa de Alpandeire traslada en su propio coche a los vecinos que tienen necesidad de una operación bancaria. Comparten la propuesta del Defensor del Pueblo de formar a algún vecino que se encargue de esta tarea.

 

Medios de comunicación:

En la atención a los medios de comunicación acuden la agencia Efe, Radio Ronda, Canal Cherry, Cadena Ser y Cadena Cope.

Algunos de las informaciones relacionadas con esta visita son:

http://www.ayuntamientoronda.es/actualidad/visita-defensor-pueblo-andaluz

https://www.diariosur.es/interior/ronda/oficina-defensor-pueblo-20190703122254-nt.html

https://www.20minutos.es/noticia/3685514/0/oficina-informacion-atencion-ciudadana-defensor-pueblo-andaluz-viaja-serrania-ronda/

https://www.diariosur.es/marbella-estepona/defensor-pueblo-andaluz-20190705000505-ntvo.html

https://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2019/07/03/oficina-defensor-pueblo-traslada-viernes/1099592.html

https://alsoldelacosta.com/la-oficina-del-defensor-del-pueblo-andaluz-estara-en-casares-el-viernes-5/

 

¿Te preocupa algo o tienes alguna duda?
0 Comentarios
Escribir un comentario

Texto plano

  • No se permiten etiquetas HTML.
  • Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en enlaces automáticamente.
  • Saltos automáticos de líneas y de párrafos.

Sus datos personales están protegidos.

  • Defensor del Pueblo Andaluz
  • Otras defensorías