Queja número 16/1139
La Administración da respuesta a la Recomendación que dirigimos para que se elaborase un programa especial de intervención con familias emigrantes temporeras con hijos a su cargo, residentes en ese municipio, con la finalidad de que estas personas dispongan de medios con que conciliar su vida laboral y familiar, y que, en todo caso, quede garantizado que los menores se encuentran correctamente atendidos, con la cobertura de sus necesidades básicas.
En su respuesta la Coordinación de Servicios Sociales Comunitarios indica que los servicios sociales del municipio de Almonte trabajan de forma coordinada con la Administración Sanitaria y Educativa, así como con la policía, velando porque la protección del menor quede garantizada en todos los sentidos, y que la intervención social con familias inmigrantes forma parte del día a día de la Oficina de Atención al Temporero y Emigrante.
Se destaca los antecedentes de intervenciones de los servicios sociales de Almonte con la familia a demanda de esta.
Desde la perspectiva de Defensor del Menor no podemos asumir una actitud pasiva ante el conocimiento de la situación de una familia temporera, con muy limitados recursos económicos y sin red de apoyo social ni familiar, en espera que por si mismos, sin otra ayuda, puedan compatibilizar sus obligaciones laborales con largas jornadas de trabajo, incluso en festivos, con las obligaciones derivadas de la crianza del hijo. No intervenir de forma preventiva en la solución de este problema implica asumir como inevitables consecuencias perniciosas para el menor que en ocasiones pueden llegar a extremos como el analizado en la queja.
Así pues, aunque del contenido de la respuesta no se deduce rechazo a la Recomendación, insistimos en la necesidad de profundizar en el trabajo social que ya viene realizando el municipio de Almonte con las familias de trabajadores temporeros para que estas personas puedan realizar sus faenas agrícolas estando garantizado al mismo tiempo la atención de las necesidades de sus hijos, para lo cual recalcamos la necesidad de un programa especial de actuaciones que les permita conciliar su vida laboral y familia.
Los medios de comunicación de Andalucía vienen relatando noticias referentes a la situación de riesgo en que fue localizado un menor residente en Almonte (Huelva) el pasado día 2 de marzo de 2016.
Según las crónicas periodísticas, la Policía Local de ese municipio habría detenido a la madre del menor tras recibir la denuncia de que un niño, de corta edad, se encontraba llorando de forma desconsolada en el balcón de una vivienda de la localidad, con apariencia de no tener a ninguna persona adulta a su cuidado. Tras comparecer en dicho domicilio la policía local pudo comprobar que, efectivamente, el niño, de 7 años de edad, estaba solo en la vivienda, sucio, con hambre y encerrado en una habitación cuya puerta impedía el paso con una cadena y candado, por lo que también se requirió la presencia del servicio de bomberos.
Según las crónicas periodísticas, el incidente en que se vio envuelto el menor no respondía a un hecho puntual, sino que era frecuente que sus progenitores, inmigrantes procedentes del Magreb, lo dejaran solo en la vivienda ya que no tenían a nadie a quien confiar su cuidado los días en que no tenía colegio, teniendo ellos que ir a trabajar en largas jornadas que empezaban a las 6.30 y finalizaban en torno a las 16.30 horas.
La situación descrita revela una posible conducta de riesgo por parte de la familia responsable del menor, que una vez detectada propició una intervención urgente en protección de sus derechos. Es por ello que el menor fue puesto a disposición del Ente Público de Protección de Menores e ingresado esa misma noche en un centro de protección.
En relación con los hechos se han de tener presentes las especiales circunstancia del municipio de Almonte, al cual acuden familias inmigrantes para desempeñar trabajos agrícolas de temporada, con largas jornadas de trabajo, y cuyos hijos habrían de tener prevista una atención social y educativa acorde a sus necesidades, habida cuenta la precaria situación de sus progenitores -sin redes de apoyo social ni familiar- y la carencia de medios económicos con que costear servicios que les permitan conciliar su vida labora y familiar.
Por todo lo expuesto se ha incoado, de oficio, un expediente con la finalidad de corroborar las actuaciones que hubieran podido realizar los servicios sociales de Almonte para detectar e intervenir en la situación de riesgo del menor y su núcleo familiar de convivencia y, en su caso, la posible propuesta de intervención que se hubiera podido elevar a los servicios de protección de menores de la Junta de Andalucía.
También nos interesamos por los programas sociales de que pudiera disponer el municipio de Almonte para atender desde el prisma social a las familias que acuden a ese municipio, con sus hijos, para trabajar en tareas agrícolas de temporada o en cualquier otra actividad que les hiciera residir temporalmente en dicha localidad.
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