El informe pretende ser una llamada de atención a los poderes públicos, sobre todo del ámbito local, para que se tome en consideración la necesidad de apostar por la seguridad, la accesibilidad y la calidad ambiental de los itinerarios y, en general, de los espacios públicos peatonales de nuestras ciudades.
El informe concluye con que las deficiencias de los espacios urbanos de nuestras ciudades son el resultado de la ausencia de políticas de movilidad sostenibles eficientes, a pesar de los numerosos planes de movilidad y normativa sobre la materia. También se echa en falta un proceso participativo en la toma de decisiones de la ciudadanía, y de manera singular, del movimiento asociativo de personas con discapacidad, y representantes de los derechos de los viandantes y del ciclismo, entre otros colectivos.
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