Aceptan la urgente necesidad de concluir con la mejora de centro educativo y superar las carencias de sus instalaciones

La presente queja fue tramitada por esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, en relación con los medios de atención y apoyo destinados al alumnado con Necesidades Educativas Especiales de un CEIP (Centro de Educación Infantil y Primaria) en la provincia de Málaga, así como sobre las necesidades de adecuación en las instalaciones del propio centro educativo.

Las actuaciones emprendidas se dirigieron a requerir información ante los servicios de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Málaga. Dicho fue informe recibido el 20 de julio de 2023.

“En relación al deficiente estado de las instalaciones del CEIP:

Primero.- Esta Administración ha programado una obra de ampliación del centro dentro del Plan de Infraestructuras de centros educativos públicos, cuyo alcance incluye la obra de ampliación del centro a 3 líneas con un presupuesto inicial de 1.851.852 €. Dicha actuación está siendo gestionada desde la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), agencia encargada de la gestión y contratación de proyectos y obras de construcción, mejora, transformación y adaptación de centros docentes dependientes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, la cual ha supervisado y aprobado el Proyecto, estando a la espera de disponibilidad presupuestaria para la adjudicación de la obra.

Segundo.- Respecto a los módulos de aulas prefabricadas existentes en el centro, se trata de una medida transitoria e imprescindible para cubrir las necesidades de escolarización en el mismo. Dichos módulos serán retirados una vez se finalice la obra de ampliación del centro.

Tercero.- En lo que respecta al mantenimiento y conservación de los módulos de aulas prefabricadas, gimnasio y otros espacios, se informa de que los trabajos relativos al mantenimiento y conservación de los edificios e instalaciones de centros públicos destinados a educación infantil, primaria o especial, como es el caso del CEIP, es obligación del Ayuntamiento tal y como se recoge en diversa legislación, entre la que podemos citar el art. 9.20 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y el art. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Por lo que respecta a las medidas de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales del CEIP, tal y como consta en el registro informático Séneca, en dicho centro educativo se encuentran escolarizados en el presente curso escolar 2022/23 un total de 19 alumnos/as que presentan necesidades educativas especiales y que tienen contemplado en su dictamen de escolarización atención especializada por parte del profesional técnico de integración social, incluidos los ocho alumnos/as escolarizados en el aula específica. Para el próximo curso se espera un aumento de alumnado que necesitará este recurso.

Tras consultar con el Servicio de Planificación y Escolarización, nos confirman que el CEIP cuenta en su plantilla de funcionamiento con un total de 50 horas de atención del personal técnico de integración social (PTIS).

Atendiendo a lo establecido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el Protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, puede proponerse la intervención del profesional técnico de integración social cuando el alumno o alumna requiera ayudas o asistencias en el desplazamiento, ayuda en el aseo personal, ayuda en la alimentación, ayuda en el control de esfínteres, ayuda en el uso del WC y/o porque necesite supervisión especializada más allá de la que puede prestar el profesorado ordinariamente, entendiéndose que la intervención especializada de este o esta profesional debe indicarse sólo cuando la respuesta que precisa el alumno o la alumna por su necesidades educativas especiales no puede resolverse con medidas más normalizadas.

Le informamos que desde esta Delegación se realiza el estudio de necesidades de recursos de forma continuada, atendiendo a lo establecido en la norma de referencia, con objeto de proceder a valorar las peticiones de recursos para mejorar la atención a la diversidad en los centros educativos. Es por ello por lo que se continuará analizando y solicitando los recursos necesarios.

Por último, le informamos de que, desde el Servicio de Ordenación Educativa y una vez estudiadas las necesidades del alumnado, se aumentará en 15 horas la atención de este profesional para el próximo curso 2023/2024”.

En atención al informe recibido desde los servicios educativos, podemos considerar que quedan registradas las actuaciones realizadas para el estudio de las manifestaciones ofrecidas en la queja por la interesada y la solicitud de determinados refuerzos para el centro destinado a un doble objetivo: de un lado, la atención al alumnado con necesidades especiales, y, de otro, a la mejora de las instalaciones del centro.

Comprendiendo la preocupación generada por encontrar el diseño más adecuado para dotar de los recursos profesionales al centro, las demandas expresadas han merecido una serie de medidas anunciadas que van en la dirección coincidente de compartir la oportunidad de refuerzos de estas dotaciones. Unos refuerzos que se concretan en la respuesta dada desde la Delegación indicando que “desde el Servicio de Ordenación Educativa y una vez estudiadas las necesidades del alumnado, se aumentará en 15 horas la atención de este profesional para el próximo curso 2023/2024”.

Procede, por tanto, adoptar las medidas de asignación de las tareas para estos perfiles añadidos y evaluar sus efectos a lo largo del presente curso. Por ello, hemos de considerar que el asunto abordado se encuentra en vías de solución necesitando el periodo necesario para comprobar sus resultados en la atención integral de todo alumnado de educación especial del centro teniendo en cuanta la información de que “Para el próximo curso se espera un aumento de alumnado que necesitará este recurso”.

En otro orden de cuestiones, las infraestructuras del colegio presentan graves carencias, hasta el extremo de que fue necesario instalar, desde 2017, elementos “transitorios” como caracolas para atender temporalmente la carencia de aularios y servicios. Esa transitoriedad ha adquirido finalmente una vocación de evidente permanencia.

Llegados a este punto hemos de recordar que esa Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz, ya tuvo la oportunidad de analizar otra queja en 2019 que, sustancialmente, reproducía las mismas carencias de infraestructuras. La tramitación de la queja motivó una resolución de la Defensoría que recogía entre sus posicionamientos:

“(…) nos encontramos con instalaciones de carácter provisional, y necesariamente colocadas para el estricto mantenimiento del servicio educativo, en tanto en cuanto se promueve la dotación de las infraestructuras necesarias. Como ya ha tenido la oportunidad de manifestar esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, y Defensor del Menor, estos dispositivos limitados y sobrevenidos resultan aceptables en la medida que se disponen con la clara vocación de temporalidad y con la provisionalidad que le otorga su funcionamiento en tanto en cuanto se disponen los proyectos elaborados para la dotación de la infraestructura que el sistema educativo requiere en un determinado entorno.

Sólo esa certeza y la veracidad de los objetivos definidos permiten aceptar, o consentir, tales caracolas o módulos para albergar cautelarmente las sedes de los centros educativos. Y, alternativamente, la constatación de unos tiempos que otorgan continuidad y permanencia a tales instalaciones, se vuelve el argumento en contra para desdecir las razones que en su día disculparon una decisión que solo resultaba aceptable por lo provisional y por el compromiso cierto de su sustitución por las infraestructuras necesarias.

En el caso que analizamos, estas instalaciones se montan en 2017 y permanecen sin hacer mención en el informe recibido a futuros proyectos ni siquiera intenciones para ser sustituidas. Sólo se cita que ‘EI centro solicitó la adaptación del aseo entre septiembre y octubre y así se remitió la petición a la Agencia Pública Andaluza de Educación. Desde APAE nos reseñan que una empresa, encargada del traslado e instalación de las aulas, siempre atiende las solicitudes de adaptación de los aseos’.

Y la falta de acciones futuras se ratifica cuando se nos señala la especial amenaza de los materiales debido a la proximidad de la costa y la humedad y salinidad del ambiente señalando que “al responder su ubicación a una zona marítima, y por tanto estar expuesta a factores de oxidación, se han debido atender continuas reparaciones. Todos estos criterios no nos permiten deducir que la situación de pretendida provisionalidad tenga un plazo siquiera previsto para ser superada, careciendo el CEIP de las edificaciones que necesita para el servicio educativo que debe acoger”.

Finalmente esa resolución expresaba en Octubre de 2020 a la, entonces, Delegación de Educación y Deporte en Málaga:

“RECOMENDACIÓN para evaluar la ordenación de los recursos de profesionales especializados en el CEIP, destinado a la atención del alumnado con necesidades educativas específicas y promoviendo, en su caso, los refuerzos o ajustes que resulten adecuados tras dicho estudio de recursos.

RECOMENDACIÓN para que se promuevan los proyectos que satisfagan las necesidades de instalaciones y edificios para el CEIP ante las autoridades competentes.

RECOMENDACIÓN a fin de organizar y planificar las actividades extraescolares con la finalidad de que acojan al conjunto del alumnado con necesidades educativas especiales conforme a los objetivos de normalización e inclusión”.

Dicha queja de 2019 concluía con la respuesta dada a la resolución desde la Delegación, señalando que “actualmente se encuentra una infraestructura programada perteneciente al Plan de Infraestructuras del 2018 consistente en la ampliación del centro, con un presupuesto aprobado de 1.383.848,37 euros y una fecha estimada prevista en marzo de 2022 donde se contempla la ampliación de espacios docente hasta un centro tipo C2 (2 líneas educativas), la eliminación con esto de las referidas aulas prefabricadas y la construcción de aseos adaptados para alumnado con necesidades educativas especiales” (17 de agosto de 2022).

Pues bien, esta nueva queja de 2023 nos permite realizar una labor de actualización de la cuestión referida a este proyecto de obras, añadiendo la delegación en su reciente informe de 20 de julio de 2023 que:

“Primero.- Esta Administración ha programado una obra de ampliación del centro dentro del Plan de Infraestructuras de centros educativos públicos, cuyo alcance incluye la obra de ampliación del centro a 3 líneas con un presupuesto inicial de 1.851.852 €. Dicha actuación está siendo gestionada desde la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), agencia encargada de la gestión y contratación de proyectos y obras de construcción, mejora, transformación y adaptación de centros docentes dependientes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, la cual ha supervisado y aprobado el Proyecto, estando a la espera de disponibilidad presupuestaria para la adjudicación de la obra.

Segundo.- Respecto a los módulos de aulas prefabricadas existentes en el centro, se trata de una medida transitoria e imprescindible para cubrir las necesidades de escolarización en el mismo. Dichos módulos serán retirados una vez se finalice la obra de ampliación del centro”.

Tres años después, el dato que se puede aportar es que el proyecto permanece “a la espera de disponibilidad presupuestaria para la adjudicación de la obra”.

Los argumentos que motivaron en su día la Resolución dirigida a brindar impulso al proyecto permanecen plenamente vigentes sin que proceda añadir la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, al día de la fecha, una Resolución que implicaría la mera reiteración de idénticas razones, necesidades y argumentos. Ciertamente, el caso descrito genera la obligada atención desde esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz para insistir en la urgente necesidad de concluir con este esperado proyecto de mejora del CEIP y superar las carencias de sus instalaciones unánimemente acreditadas desde las autoridades educativas.

Sirva pues esta nueva intervención para impulsar, más si cabe, la priorización de este proyecto de dotación y mejora de instalaciones en el CEIP. Solicitamos, igualmente, que se mantenga informada a esta Institución de la aplicación concreta de las medidas adoptadas en consonancia con el nuevo compromiso que ha ofrecido esa Delegación Territorial en garantía de los principios integradores e inclusivos del derecho a la educación.